Seguridad o invasión de la privacidad


La discusión a nivel mundial estos días está en si Apple debe, o no, darle acceso al FBI americano para que pueda bucear en el teléfono móvil del terrorista Syed Rizwan Farook, que supuestamente participó en la matanza de 14 personas en San Bernardino (California) y, por extensión -dice la compañía de la manzana- carta blanca para bucear en cualquiera de sus carísimos Iphone. Salvando las distancias y lejos de los focos mediáticos planetarios se libra, aquí, bastante más cerca otra batalla, la de establecer donde están los límites entre la seguridad común y la invasión de privacidad particular.

El último capítulo lo escribe la asociación Dereitos Civís que, después de su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), recurre ahora al Valedor do Pobo porque no le convence la explicación de que las cámaras de los concellos están apagados. En los casos que cita, entre los que se encuentra el Concello de Vimianzo y el polígono de Carballo, la entidad destaca que un particular no puede saber si los dispositivos están o no inactivos para ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y oposición, al tiempo que los concellos, podrían encenderlas sin que lo supiese la AEPD. Por tanto, dice Dereitos Civís, su simple existencia puede crear expectativas de captación de imágenes de personas que circulan por la vía pública y pide prohibirlas «de igual xeito que un garda de seguridade que non teña licenza para portar armas non pode levar unha pistola aínda que vaia descargada e só teña unha finalidade disuasoria».

Se da el caso que en los dos ejemplos citados de la Costa da Morte nunca se ha producido reclamación particular alguna al respecto, más que los de esta entidad, que, en lo que a Vimianzo se refiere, según el alcalde, tiene un trasfondo político. Es más, dice que la persona que está detrás de Dereitos Civís le hace «o xogo ao Partido Popular» para mantener un conflicto que realmente no existe.

Recuerda Manuel Antelo, después de asegurar que no tienen cámara alguna que contravenga las leyes, que estas denuncias parten de unas fotografías remitidas por el PP de Vimianzo. Incide, además, que «coincidindo co fin xenérico do respecto á privacidade das persoas, esta actitude o que fai é desprestixiar o labor dos que cremos nese dereito» y se refiere particularmente este ejemplo protagonizado por «alguén que nunca pisou Vimianzo». Casos particulares aparte, queda por tanto abierto el debate de si estamos ante una paranoia masiva de tinte orwelliano al estilo del Gran Hermano global o sí, por contra, en aras de la seguridad dejamos abiertas puertas para una innecesaria restricción de derechos ciudadanos.

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