El exalcalde de Vimianzo y su hermano irán al banquillo

Les acusan de fraude y prevaricación por el sobrecoste de la Casa da Cultura construida por la empresa familiar


Cee / La Voz

El que fue durante 24 años alcalde de Vimianzo por el partido socialista, Alejandro Rodríguez Lema, su hermano Manuel y el arquitecto municipal, Julio Vázquez Rodríguez, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de fraude, por el sobrecoste irregular que tuvo la Casa da Cultura de la localidad.

La obra diseñada y ejecutada durante el mandato de Alejandro Rodríguez y de la que se encargó la constructora familiar propiedad de su hermano Manuel le supuso al Concello de Vimianzo un gasto de 739.448 euros más de lo inicialmente presupuestado. Ese coste adicional, según defienden las acusaciones, se aprobó en base a una supuesta connivencia entre el empresario y el entonces primer edil, con el apoyo técnico del arquitecto y sin respetar muchos de los requisitos legales exigidos.

A raíz de todo aquel proceso, que obligó al gobierno local a pedir un crédito para pagar estas facturas a la constructora, la entonces portavoz del Partido Popular, Carmen Borbujo, interpuso una querella en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión, a la que posteriormente se adhirió el Concello ahora gobernado por el BNG.

En base a ambas acusaciones, la popular, que ostenta Borbujo, y la particular que le corresponde al Ayuntamiento como perjudicado, el instructor, Iván Barallobre, acaba de firmar el auto de apertura de juicio oral. Una decisión que va en contra de la postura de la Fiscalía, que pedía el sobreseimiento provisional de las actuaciones, pero que el juez defiende «al existir indicios racionales de criminalidad contra dichos imputados». Del mismo modo, Barallobre exime de culpa a los cuatro compañeros de Alejandro Rodríguez, miembros de la junta de gobierno de Vimianzo, y que fueron los que en su día firmaron las resoluciones, toda vez que el regidor se abstenía al ser su hermano quien hacía la obra, al igual que al arquitecto técnico Jaime Casais. En todos estos casos solo la acusación popular defendía que se les juzgase.

Ahora, a la espera de que se designe el juzgado de lo Penal de A Coruña que asume la causa, los hermanos Rodríguez Lema y el arquitecto tendrán que hacer frente de manera solidaria a un fianza de 1.000.000 de euros, que si no satisfacen implicará el embargo de sus bienes. Del mismo modo la aseguradora Mapfre acude al proceso como responsable civil directa.

El juez exime a los ediles de la junta de gobierno local

Los exediles del grupo socialista de Vimianzo José Antonio Miñones Riveiro, José Alfredo Suárez Suárez, Claudio Pereira Baña y Manuel Castro Lema, que formaban la junta de gobierno del alcalde Alejandro Rodríguez cuando se autorizó la ampliación de obra de la Casa da Cultura, no tendrán que responder judicialmente por las supuestas irregularidades cometidas. Tampoco se sentará en el banquillo de los acusados, donde sí estarán el exalcalde, su hermano Manuel y el arquitecto municipal, Julio Vázquez, el arquitecto técnico Jaime Casais que fue quien dirigió la ejecución de los trabajos.

El motivo, según detalla en el auto de apertura de juicio oral el instructor, Iván Barallobre, es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide que se lleve al banquillo a alguien cuando solo la pide la acusación popular. Y en este caso, únicamente esta parte que representa a la exportavoz del PP, Carmen Borbujo, que fue quien inició todo el proceso, solicitaba que continuaran en el proceso. Tanto la Fiscalía, como la acusación particular, ostentada por el Concello de Vimianzo en calidad de perjudicado, les eximen de cualquier culpa.

La postura de los implicados, de los que únicamente continúa activo en política José Antonio Miñones, siempre fue la de negar su responsabilidad. Ellos únicamente firmaron los documentos como miembros de la junta de gobierno en la que el alcalde se abstenía de manera sistemática respecto a este asunto, debido al conflicto de intereses que le afectaba porque el constructor de la obra era su hermano.

Este asunto, por el que el Concello entre préstamos, procesos judiciales y demás ha gastado cerca de un millón de euros, siempre ha sido empleado por el actual regidor, Manuel Antelo, como ejemplo de la corrupción que, según dice, corroía al anterior gobierno municipal.

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