El gobierno de Ponteceso recurre por vía judicial los polémicos acuerdos plenarios acordados en marzo

Los tres representantes del gobierno de Ponteceso, los socialistas Lois García Carballido (alcalde), María Teresa Chouciño Calvete y Noela María Varela Suárez, han recurrido por la vía Contencioso-Administrativo los polémicos acuerdos adoptados por la corporación en la sesión celebrada el 29 de marzo.

Los socialistas solicitan la impugnación y anulación de estos acuerdos, que salieron adelante con los apoyos mayoritarios de APIN, PP y los ediles no adscritos a través de una serie de mociones. Entre ellas, la modificación de cargos y formación de las comisiones informativas, la modificación en la composición de la mesa de contratación, la derogación y creación de un nuevo reglamento de organización municipal, o la habilitación de una comisión de investigación sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en dependencias municipales.

A juicio del PSOE, aquellas decisiones se adoptaron pese a los informes en contra de los técnicos, en concreto, de secretaría que, supuestamente, no avala estos acuerdos. Ante esta nueva polémica judicial, la corporación se reunirá mañana miércoles (10.00 horas) en sesión extraordinaria.

Versiones contrapuestas

El alcalde, Lois García Carballido, dio su versión de este nuevo frente judicial abierto en el consistorio: «Segundo os informes técnicos, os acordos plenarios non se axustan a dereito. Por iso decidimos acudir á Xustiza». Y añadió: «Como o grupo municipal socialista é a parte demandante non pode intervir no pleno, polo que serán o resto de forzas con representación quen decida se contratan un avogado, con cargo ao Concello, ou se delegan este procedemento xudicial na Deputación, que neste caso non lle custaría nada ao Concello».

Claro que en la oposición consideran que en el fondo de la cuestión lo que hace el alcalde «é denunciar ao Concello de Ponteceso», tal y como criticó el portavoz de APIN, José Manuel Pose, quien añadió: «O pleno reunirase para nomear un avogado para defenderse do alcalde». En la oposición creen que la corporación, como órgano soberano, tiene potestad para adoptar estos acuerdos plenarios.

El mandatario pontecesán también aprovechó la ocasión para atizar a la oposición, en especial al PP, formación que había acusado a Lois García Carballido de «provocar o corte de liñas de telefonía públicas». La respuesta del regidor no se hizo esperar. «O corte non vén pola mala xestión do goberno, senón pola decisión da corporación, en concreto da oposición, de rexeitar o pago de facturas a provedores. Esa é a única realidade. Cortáronos o servizo por impagos que a oposición aprobou en pleno». Y con respecto a las escuela infantil A Galiña Azul, Lois García Carballido anunció que el Concello ya había elegido otro operador y espera que en breve el servicio quede restablecido. Por cierto, el alcalde lamentó que el PP venga ahora defendiendo la escuela infantil «cando en vinte anos de goberno do Partido Popular non fixo absolutamente nada pola gardería».

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