Rechazo judicial a las pretensiones de los policías locales de Ponteceso

Pedían que se dotase adecuadamente de crédito el complemento específico de los cuatro puestos de policía local


cee / la voz

El Juzgado de lo Contencioso Número 3 de A Coruña viene de desestimar el recurso interpuesto por los policías locales de Ponteceso, María José Fondo, Carlos Andrade y Pablo García, contra la aprobación de los presupuestos municipales que realizó el pleno el 16 de noviembre del año pasado.

En síntesis, los trabajadores pedían que se dotase adecuadamente de crédito el complemento específico de los cuatro puestos de policía local y que se anule una plaza de administrativo. Reflejaban en su demanda que el complemento en el año 2016 fue de 42.800 euros y en el 2017 se redujo a 31.536, sin que se valorasen los puestos ni se reuniese la mesa de negociación. Pedían por tanto que se fijase esa cuantía en 43.228, aplicando un incremento del 1 % respecto al 2016.

Sin embargo, el magistrado Juan Carlos Fernández López, que le da un pequeño tirón de orejas a la representación legal del Concello porque «no se entiende que alegue desviación procesal», echa por tierra las pretensiones de los funcionarios, además de imponerle las costas hasta un máximo de 400 euros.

La argumentación fundamental que utiliza el juez es que, a falta de una relación de puesto de trabajos, que la ley exige pero no pone plazos, «no se impone la negociación colectiva, sino su formación por el alcalde con el preceptivo informe de la intervención». Explica que el Ayuntamiento tiene en su presupuesto «crédito preciso para cubrir un posible incremento del complemento específico» y que la consignación del 2016 «no obedeció a la existencia de un título legítimo en favor de sus destinatarios, sino a la indebida inclusión en el presupuesto del 2016 de unos importes que retribuían la mayor jornada realizada en los turnos». Obedecían, por tanto, «a verdaderas gratificaciones por servicios extraordinarios» que en el 2017 pasan a retribuirse como tal.

«Hasta que no se apruebe la relación de puestos de trabajo nada impide que la entidad local pueda modificar el estatus de su personal, ya que no existe el derecho de este o la obligación de aquella de mantener siempre la misma organización estatutaria», sentencia el juez.

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