En el caso de la Administración pública, que lo va resistiendo todo, es muy difícil que se llegue a admitir el fracaso absoluto de un proyecto y que el concello de turno opte por vender o le acaben embargando una propiedad. Sin embargo, cuando la forma societaria es diferente, caso de las asociaciones, por más que los recursos tengan un mismo origen público, no está detrás ese colchón del Estado y se ven situaciones realmente llamativas. En la zona las más sonadas fueron la de Neria y la Asociación Cultural Río Anllóns de Ponteceso. En el primero de los casos el constructor muxián Germán Mouzo -aunque no lo que quería porque su prioridad era cobrar lo adeudado- se ha acabado quedando con el Centro do Coñecemento da Costa da Morte (C3M) de Cee, ante la absoluta desidia de la entidad, los concellos y la Deputación. En el de Ponteceso, la empresa cabanesa Construcciones Pose ha hecho lo propio al abonar 16.283 euros por un inmueble -más bien el esqueleto de lo que iba a cer un gran centro cultural- que estaba tasado en más de 340.000.
En ambos casos se trata de soluciones judiciales que no satisfacen a nadie, porque el objetivo social nunca llegó a cumplirse, las entidades en cuestión quedan completamente descapitalizadas y lo empresarios en cuestión, en el mejor de los casos, tienen que poner ahora sustanciosas cantidades de dinero de su bolsillo para darle algún uso a esas propiedades y no perder el trabajo hecho que nunca les pagaron.