Tercer intento de celebración de juicio contra el muxián Pocholo por apalear a una pareja, ella embarazada

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

MUXÍA

Toni Longueira

La vista quedó fijada para el miércoles 19, a partir de las 12.30 horas, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña

26 jun 2024 . Actualizado a las 17:35 h.

El juicio contra el muxián Román Alberto Montero Lago, de 46 años y conocido por Pocholo, se retomará el próximo miércoles, día 19, a partir de las 12.30 horas en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La vista ya fue suspendida en dos ocasiones, la última el 14 de mayo. El motivo, la ausencia de tres testigos claves en esta causa.

Los tres, denunciantes por supuestas agresiones sufridas con un palo de madera. Una pareja, ella embarazada en el momento de los hechos, y un tercer individuo que también se persona como acusación particular. Fiscalía ya solicitó multas coercitivas por incomparecencia.

La vista celebrada el 14 de mayo ya arrancó con problemas. Estaba previsto que comenzara a las diez de la mañana, pero el acusado se personó con veinte minutos de retraso. Ya en sede judicial, su abogado Paulino Pérez Riveiro, solicitó que fuera el último en testificar, algo a lo que accedió el tribunal.

Uno por uno entraron en la sala a declarar. Primero, tres testigos de lo sucedido en el paseo marítimo de Muxía, junto al bar O Xardín, en la noche del 27 de junio del 2020. Uno dijo que estaba «borracho» y no recordaba nada. Otro, que vio el «follón», pero optó continuar con su paseo, para no ver nada... Tuvo que ser la representante del Ministerio Fiscal quien les refrescara la memoria con los relatos aportados en el juzgado de Corcubión. También testificó un agente de la Guardia Civil, que habló de la custodia del vídeo que, posteriormente, circuló en redes sociales para evitar que «la prueba se contaminara».

Fiscalía mantiene para Pocholo 6 años de cárcel y una multa de 1.080 euros por un delito de lesiones con instrumento peligroso. Se basa el argumento en que hay reincidencia por parte del procesado, con otras tres sentencias en contra. La acusación particular, que ejerce Santiago Fernández de Larrinoa, se adhirió a la petición del Ministerio Público. La defensa, que dirige Paulino Pérez, pide un año de cárcel por un delito de lesiones y que se tenga en cuenta como atenuante la drogadicción.