Que el párroco y el vicario decidiesen no hacer nada en los años 60, se entiende perfectamente dentro del clima de represión y corrupción institucionalizada de la dictadura, pero lo curioso del caso es que ninguna institución haya actuado en serio desde los años 80, ya restablecida la democracia. El alcalde de Muxía, Félix Porto, instado por Celso Alcaina, envió una carta a la Xunta en el año 2010 pero nunca hubo respuesta. El propio Alcaina recurrió a la delegación del gobierno, al arzobispo de Madrid y a otras muchas instancias también sin éxito. La Consellería de Cultura señala que debe ser la Iglesia, como titular del bien, la reclame si así lo considera, mientras que el Arzobispado dijo hace unas semanas que estudiaría el asunto con la documentación existente en la parroquia. De ahí que ahora, la principal acción en marcha sea una iniciativa parlamentaria del PSdeG, que quedó pospuesta el mes pasado por cuestiones de agenda de las conselleiros encargados de responder.