Siete años de reuniones y tres alternativas en Malpica al actual puesto de la Guardia Civil

El portavoz de AIM, Alfredo Cañizo Garrido, aseguró la semana pasada que la Guardia Civil marcharía de Malpica «porque ninguén ofrece unha solución» a las deficiencias y carencias del puesto. Juró que había «sido recibido por altos mandos» del instituto armado, quienes, según él, le habrían trasladado su preocupación porque no se soluciona el problema de espacio para que los agentes puedan coordinar sus tareas. Esta versión del líder de AIM contrasta con la facilitada desde la Comandancia de A Coruña, desde donde se aseguró que el puesto de Malpica no corre peligro alguno de cierre y traslado. Tampoco coincide con la del alcalde, Eduardo Parga, quien a través del subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, indicó que la Guardia Civil no se marchará de Malpica. Pero lo que nadie niega es que los siete agentes adscritos al puesto no trabajan en unas condiciones acordes a lo que exige la normativa.

¿Por qué surgen cada cierto tiempo las dudas?

Sucedió en octubre del 2014, cuando se empezó a hablar de un posible traslado a Cabana. Y se habla ahora porque Interior diseña un plan de reorganización de los puestos en el rural. En Malpica, el instituto armado lo puso en marcha en el año 1992. Los agentes deben trabajar en un puesto de unos 25 metros cuadrados, repartidos en dos oficinas y servicios.

¿Qué establece la normativa sobre las dependencias?

Las dependencias deben tener, por volumen de trabajo, entre 270 y 350 metros cuadrados de superficie útil, doce veces más de lo que ofrece la actual instalación, en el bajo de la casa consistorial.

¿Cuándo surge la necesidad de ampliar el puesto o buscar alternativa?

Hace unos siete años. El capitán Del Río ya la fijó entre sus prioridades, pero se marchó a Tráfico en Perillo y el tema quedó encima de la mesa. Con el capitán Tejada Blanco hubo varias conversaciones y se avanzó en lo que se precisa, inversión y posibles ubicaciones, pero sigue sin haber nada decidido. Ahora llega a Carballo el capitán Táboas Treviño, que, entre otros temas, deberá de lidiar con un asunto que no es tan fácil de subsanar como parece.

¿En qué consisten estas negociaciones?

Una vez que ha quedado claro que el actual puesto queda obsoleto e incumple la normativa en materia de seguridad, como la de albergar un despacho aislado e independiente del resto de las dependencias para tratar a presuntas víctimas de violencia machista, el Concello, de la mano del alcalde, Eduardo Parga, y los mandos de la Guardia Civil y de la Subdelegación del Gobierno buscan alternativas viables.

¿Qué ha ofrecido y ofrece el Concello de Malpica?

Una primera posibilidad fue ampliar el actual puesto, adhiriendo las oficinas del Juzgado de Paz y de Aguas. Esa opción quedó descartada casi de inmediato. La segunda, buscar un bajo, en régimen de alquiler, en el casco urbano, de 190 metros cuadrados, algo que también quedó descartado porque el instituto armado precisa una instalación de unos 300, y en Malpica, según explicó el regidor, no hay un local de esas características. Aunque reacio a que salgan los agentes del casco urbano, el equipo de gobierno propuso la Casa do Oleiro. Esta opción plantea varias ventajas. La primera, en términos de operatividad: los agentes quedan más cerca de Carballo, Ponteceso y del resto del término municipal de Malpica. Segundo, cumple con los requisitos de los 300 metros cuadrados necesarios. Tercero, hay plazas de aparcamiento; y cuarto, la inversión a realizar sería menor que si se tratase de un bajo.

¿Valdría el antiguo cuartel de Buño?

El alcalde descartó esta opción. Primero porque el inmueble está en muy mal estado y requeriría de una inversión millonaria. Y segundo, es un bien de titularidad privada y habría que negociar con los dueños una posible compra o cesión. El mandatario también negó que se hubiera ofrecido a los mandos de la Guardia Civil la Casa da Cultura de Beo, al tener actividad vecinal. Sin embargo, Alfredo Cañizo, de AIM, aseguró que sí se le hizo este ofrecimiento desde el Concello al instituto armado.

¿Quién debería asumir el coste de la inversión?

Esta es la madre de todas las batallas y por la que el tema sigue enquistado. La Guardia Civil no dispone de los 300.000-400.000 euros que cuesta la obra y busca que sea el Concello el que la financie. Pero el ejecutivo local no puede asumirlo: «Ofrecemos a Casa do Oleiro e poñemos as instalacións ao servizo da Garda Civil, pero a lei impídenos investir diñeiro en algo no que o Concello non ten competencias. Intervención diríanos que non e poderiamos incorrer nun grave problema se o Tribunal de Contas decide actuar», apuntó el alcalde, quien explicó que no se trata de una cuestión económica, «senón de legalidade». En todo caso, cree que ambas partes alcanzarán un acuerdo para que los agentes puedan trabajar en unas instalaciones del siglo XXI.

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