Fiscalía pide 9 años y medio de prisión para el exagente de banca de Laxe

Califica su actuación de «un delito de estafa continuada» por 3,71 millones de euros


Carballo / La Voz

La Fiscalía lo tiene claro. El exagente de banca de Laxe José Fermín Simal Ramos es el supuesto autor de «un delito continuado de falsedad en documento mercantil» y otro «de apropiación indebida» o, alternativamente, «un delito continuado de estafa».

Por estos hechos solicita para el único «acusado» en este procedimiento «9 años y medio de prisión», 12.000 euros de multa y una indemnización a los clientes que sufrieron movimientos bancarios en sus depósitos sin su consentimiento. La cuantía total investigada asciende a 3.715.130,64 euros, que se repartirían de la siguiente forma: 2.916.388,25 se corresponderían de la «sustracción de fondos a 151 clientes» y otros 798.742,39 «son préstamos [61 en total] concedidos al margen de la operativa del banco y que no se computaron en los balances contables» oficiales.

De forma paralela, el Ministerio Público, de acuerdo a las cantidades supuestamente desviadas, establece que «responderán de modo subsidiario y solidario entre ellos, el Banco Santander, S.?A. y la mercantil Barizo Asesores, S.?L.».

En el escrito, la acusación argumenta que José Fermín Simal Ramos, como «agente colaborador» del Santander y «a través de la sociedad Barizo Asesores», realizaba labores de captación a través de operaciones financieras de diferente índole. El Ministerio Público tiene claro que José Fermín Simal Ramos se cuidó siempre de mantener una relación directa con la mayor parte de los clientes que acudían a su despacho, «de manera que el trato personalizado y cordial contribuyó a establecer unos vínculos de confianza, que fueron utilizados por el acusado para crear una banca paralela, absolutamente ajena al normal funcionamiento y control del Santander».

Para la Fiscalía, entre el 2006 y el 2014, «con intención de enriquecerse indebidamente», vino desarrollando «un abanico de conductas delictivas» encaminadas «tanto a la incorporación a su patrimonio de parte de los depósitos, como al encubrimiento de su actuación ilícita con el fin de darle continuidad y permanencia en el tiempo, haciendo uso para ello de la documentación oficial que el banco ponía a su disposición».

Modus operandi

El modus operandi investigado era, supuestamente, variado: saldos mecanografiados, incluso escritos a mano, en libretas que no eran dadas de alta en la contabilidad oficial del Santander, hacer creer a los que clientes, «en muchos casos personas de avanzada edad e, incluso, menores de edad» que habían constituido auténticos depósitos bancarios, cuando en realidad no lo eran, o entregar boletines en mano para justificar ante los cliente unos ingresos que no eran tales, la realización de movimientos en cuentas y depósitos sin conocimiento o consentimiento de los clientes «o quedarse el acusado directamente con el dinero recibido en mano sin abrir libretas».

De los 164 testigos citados en la causa, cinco denunciaron a través del bufete carballés De la Serna y Calviño Abogados. María José Calviño explicó que hay varias acusaciones particulares en este proceso «y todas ellas están de acuerdo» en elevar la pena solicitada hasta los 13 años y medio de prisión para Fermín Simal.

Este supuesto entramado financiero se vino abajo en mayo del 2014. Una clienta acudió a una sucursal en A Coruña para comprobar el saldo de su libreta. Debería tener 200.000 euros y solo estaban reflejados 80.000. A partir de ahí, el escándalo corrió como la espuma por Laxe. El 26 de mayo decenas de ahorradores acudieron a la oficina del Santander en Ponteceso. La cifra de perjudicados no paró de crecer. Tras casi 5 años de instrucción en Carballo y 3.000 folios de documentación, la Audiencia Provincial será el escenario del juicio oral para el que todavía no hay fecha. Por su parte, Simal sí reconoció ante la jueza haber cometido «irregularidades contables» por 1.470.971 euros, pero siempre negó el delito de estafa.

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