Los nuevos eólicos dejan más de 2 millones en las arcas municipales

Juan Ventura Lado Alvela
j. v. lado CEE / LA VOZ

LAXE

BASILIO BELLO

Laxe, Cabana y, sobre todo, Vimianzo cobrarán la gran mayoría de las licencias

03 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

De los 18 parques eólicos anunciados hace solo unos días por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que deben estar concluidos antes del 31 de diciembre del 2019, tres se ubican en la Costa da Morte y le reportarán a los concellos afectados -Vimianzo, Laxe y Cabana, fundamentalmente, aunque hay otros como Zas a los que le tocan las líneas, accesos y demás servicios- un total de 2.058.709 euros de manera directa vía impuestos. Concretamente Vimianzo, que tiene el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el 3%, con tasa adicional de tramitación del 0,5, le corresponden 1.481.788 euros, de los algo más de 42 millones del total del proyecto de Fenosa Wind. En Laxe, con el ICIO en el 3 %, le tocan 292.483, sobre los 8,5 que invertirá Gas Natural Fenosa Renovables. Una cantidad similar a la de Cabana, que tiene fijado el ICIO en el 2,8 % y recibirá 284.338 euros de los 10,1 millones previstos para el parque de Mouriños, en el que los cuatro aerogeneradores proyectados, los más grandes hasta la fecha con 89 metros de altura y 132 de diámetro de rotor, sumarán una potencia instalada de 10 megavatios.

Eso sí, los distintos concellos tendrán que esperar cuando menos unos meses para recibir ese dinero porque las tramitaciones administrativas llevan sus propios ritmos y la respuesta social también está resultando muy distinta.

Así el alcalde de Laxe, donde el proyecto está siendo muy contestado, afirma que, a pesar de que necesitan el dinero, preferirían que no se instalasen. De hecho, el propio Concello alegó contra el proyecto y, según la información que le fue trasladada a él, algunos propietarios todavía no habrían firmado la venta de los terrenos. Justo lo contrario de lo que ocurre en Vimianzo, porque según explicó ayer el regidor, Manuel Antelo, no le ha llegado noticia de oposición alguna a la instalación y, hasta donde él sabe, todos los afectados llegaron a un acuerdo económico por los terrenos. Además, al igual que en Laxe, la evaluación ambiental ya ha salido adelante y la previsión para el parque soneirán, conocido como Monte Tourado, es que las obras, y por tanto también el pago de las licencias, se produzca antes de la finalización de este ejercicio 2018.

Con todo, en conjunto son 53.35 megavatios, algo más de 13 % de los 409 previstos en este plan estratégico de la Xunta. Pocos si se comparan con el proyecto más esperado el del Grupo Villar Mir que tramita directamente el Estado y que suma 112 megavatios entre los parques de Pedra Miñón y Monte Alegre, que afectan a Zas, Vimianzo, Coristanco, Santa Comba y Dumbría.

Al respecto de este proyecto, lo último que ha trascendido es la confirmación por parte del presidente de la Xunta, durante las reuniones mantenidas con los alcaldes a cuenta del conflicto de Ferroatlántica, de que el plan va adelante, aunque falten por concretar plazos.

Los aumentos de potencia suponen ingresos puntuales, pero menos recursos sostenidos

 

La instalación de parques eólicos o las mejoras en su producción son siempre objeto de controversia, sobre todo por la parte del negocio que repercute en los territorios y en los propietarios de los terrenos que ocupan estas infraestructuras. Así el sindicato Unións Agrarias denuncia que los afectados apenas reciben entre el 0,5 y el 1,5 % de lo que genera la producción, con lo que los ingresos de los eólicos suponen un 15 % de los fondos totales para las comunidades de montes, cuando en Alemania o Dinamarca un 20 % de los parques son propiedad de cooperativas de agricultores y ganaderos.

Esa merma de compensaciones se ve especialmente cuando, como se queja el alcalde de Laxe, las empresas trocean sus parques en varias fases para pagar menos impuestos e incluso en las repotenciaciones, que parece la línea más probable a futuro para muchos de los eólicos de la Costa da Morte, que fue pionera en este tipo de energía. Así, el Concello de Camariñas recibió 125.000 euros directos, además de otros convenios, arrendamientos y tasas, por la repotenciación de Vilán, pero ahora del fondo de compensación ambiental procedente del canon eólico cobra por dos aerogeneradores y no por los 22 que tenía antes. Exactamente lo mismo de lo que se queja el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, donde los aerogeneradores que ya están funcionando pasaron de 60 a siete. Así, aunque el Concello recibió más de 400.000 euros por las licencias ahora verá reducida seriamente su ingreso anual, porque también cae de manera muy sensible lo que tiene que pagarle la compañía a la Xunta.