La estafa de Laxe cumple dos años


El proceso contra el exagente comercial de Laxe José Fermín Simal Ramos cumple dos años desde que el caso saltó a la opinión pública. Y, por lo que señalaron las partes implicadas, el procedimiento penal por el desvío de fondos en las cuentas de ahorro de 159 autónomos y particulares, en su mayoría residentes de Laxe, Ponteceso y Zas, se encuentra empantanado en los últimos meses debido a la complejidad del caso. El elevado número de personas afectadas, la gran cuantía de dinero desviada y la ausencia de documentación oficial dificulta el esclarecimiento de lo ocurrido entre el 2004 y el 2014.

Ocurrió en pleno mes de mayo. Aunque era un runrún desde hacía tiempo, saltó todo por los aires hace justo dos años. Los clientes acudían alarmados a la sucursal del Santander en Ponteceso para conocer el extracto de sus libretas. Muchos se llevaron el disgusto de su vida. Ahorros de toda la vida se habían evaporado por arte de magia. Y todos los perjudicados apuntaban en la misma dirección: José Fermín Simal Ramos. Según pasaban las jornadas, la cifra de afectados iba en aumento, hasta alcanzar las 159 personas.

Lo que todavía no está tan claro es la cuantía total desviada de las libretas. El abogado de la defensa, Celestino de Francisco Rivera, reconoció ante la jueza «irregularidades contables» y una «contabilidad b» de su defendido por 1,4 millones de euros, pero negó que Simal hubiera estafado a sus clientes. Ambos aseguraron que la actuación «irregular» se debió a un plan del excomercial para compensar a los clientes por la presunta venta de «productos financieros tóxicos» por parte de la entidad financiera. Por su parte, el Banco Santander, que se personó en la causa contra Simal, eleva el importe, presuntamente defraudado, en más de 3,9 millones de euros.

El procedimiento penal arrancó con fuerza. La instructora logró identificar en menos de dos meses a los afectados y llamó a declarar al único investigado en tres ocasiones. Sin embargo, el proceso sufrió un freno en los últimos meses por una serie de recursos y pruebas adicionales solicitadas ante la Audiencia Provincial.

La Fiscalía, por su parte, ve indicios de que Simal pudo haber incurrido en tres presuntos delitos: apropiación indebida continuada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, al superar los 120.000 euros supuestamente defraudados a la Hacienda Pública en un solo año. Y mientras la mayor parte de los afectados percibieron el dinero detraído, la jueza del caso tiene, según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta junio para cerrar la instrucción, salvo que la causa sea declarada compleja, que podría ampliarse, si se acredita, en 18 meses más.

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