El Supremo confirma los dos años y medio de prisión para el que fue secretario municipal de Fisterra por falsedad y malversación

La Voz CARBALLO / LA VOZ

FISTERRA

MARCOS MÍGUEZ.

José Ramón Lema Fuentes deberá indemnizar al Concello con 23.690 euros, que fue el dinero que malversó, descontando los 6.788 euros que ya reintegró a las arcas municipales

10 feb 2023 . Actualizado a las 19:24 h.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años y medio de prisión impuesta al exsecretario interventor del Concello de Fisterra José Ramón Lema Fuentes por delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en concurso medial con delito continuado de malversación de caudales públicos. El condenado deberá indemnizar al Concello con 23.690 euros, que fue el dinero que malversó, descontando los 6.788 euros que ya reintegró a las arcas municipales. El Supremo desestima íntegramente su recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que a su vez ratificó la de la Audiencia Provincial de A Coruña. 

Según los hechos declarados probados, «durante el período comprendido entre el mes de enero del año 2011 al mes de diciembre de 2012», José Ramón Lema Fuentes, «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial injusto, concibió la idea de detraer dinero de las arcas municipales, aprovechando las facultades de disposición inherentes a su cargo, pues tenía entre otros cometidos, no solo la firma de las órdenes de pago de las nóminas sino también su remisión al banco».

Para la ejecución de esta detracción y al objeto de incrementar el importe a percibir en concepto de retribuciones ordinarias, el acusado manipuló y alteró sus propias nóminas y las órdenes de pago de las mismas, las últimas una vez se presentaban a la firma del alcalde y tesorero del Concello, sustituyendo las fechas de expedición originales por otras ficticias, utilizando órdenes bancarias de otras mensualidades, modificándolas en sus conceptos, importe o fechas o insertando anotaciones manuscritas con numerosas abreviaturas y cantidades que más tarde justificaría en las órdenes de pago. Así incluía anotaciones como "«nómina», «compensación de vacaciones», «gratificaciones» o «anticipos". Las cantidades detraídas le fueron ingresadas al acusado en la cuenta bancaria de la que era titular, y el importe de la cantidad indebidamente percibida y que procedía de las arcas municipales oscilaba entre los 23.690 euros y los 26.013,26 euros.