El desastre urbanístico complica aún más la protección del fuego

Juan Ventura Lado Alvela
j. v. lado CEE / LA VOZ

FISTERRA

ALVELA

La realidad forestal ya no tiene nada que ver con la que figura en los planes generales

11 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Un ejemplo concreto de una aldea de Fisterra: vecino que tiene su plantación en terreno calificado como forestal se ve obligado a talarla para cumplir con la ley de prevención de incendios. La razón es la proximidad a dos viviendas existentes en parcelas lindantes, una de ellas construida sobre suelo de especial protección agropecuaria y la otra en una finca afectada por protección de Costas. En resumen, el que realmente se adaptó al uso para el que estaba consignada su propiedad se ve obligado a prescindir de un bien por garantizar derechos de quien se pasó las normas por el forro.

Puede parecer un caso extremo, pero sirve para ilustrar cómo funciona el planeamiento urbanístico o, muchas veces, la falta de él, en una comarca donde la laxitud en la vigilancia del cumplimiento de las leyes ha resultado cuando menos laxa durante decenios, lo que ahora genera problemas y tensiones a todos los niveles, también en este tan actual de las medidas para protegerse del fuego.

Una de las situaciones más comunes es la de que lo que reflejan los PXOM o las normas subsidiarias dependiendo de los casos, tenga ya poco o nada que ver con la realidad que se observa sobre el terreno, sobre todo en lo que se refiere a los suelos de protección forestal y protección agropecuaria. Incluso algunos de los planes relativamente recientes se empezaron a redactar en los 90 -alguno incluso en los 80- con lo que basta echar un vistazo al listado de explotaciones agrarias de los municipios de la zona, que caen a una media de un 10 % cada dos años, para darse cuenta que una cosa es lo que dicen los papeles y otra lo que dice el monte. Resulta complicado dar una cifra, sobre todo porque muchos cambios de uso se hicieron de forma manifiestamente ilegal, pero son muchos cientos, probablemente miles las hectáreas de la comarca que aparecen reflejadas como agrarias y en realidad tienen pinos o eucaliptos y en mucho menor medida otras especies. Realmente esto solo se podía hacer con árboles de fruto: castaños, nogales,... porque se entiende que sigue siendo una actividad agraria, o con frondosas de producción de madera. Ahora bien, para esto último es preciso poner la parcela dos años a disposición del Banco de Terras y que nadie la quiera en ese tiempo.

Todo el mundo que tiene alguna relación más o menos directa con estas iniciativas como el fuego, desde propietarios a la propia consellería, asumen ya que es una quimera pensar que en los escasos 20 días que quedan para finalizar el mes de mayo se van a limpiar 50 metros de masa forestal pirófita en torno a los núcleos, viviendas y otras edificaciones, o 10 a cada lado de las vías de comunicación. Es físicamente imposible porque, en algunos casos, habría que cortar carreteras durante semanas para tirar árboles que superan los 20 metros de altura. Además, en muchos puntos, caso de las carreteras comarcales, existen una zona de dominio público, que tampoco está limpia de manera muy generalizada. Los metros de separación empiezan a contar a partir de ahí, igual que en los núcleos se miden desde el suelo urbano y no desde el límite de las casas.

Estas medidas incluso han dado lugar a curiosidades, como en A Ameixenda (Cee), donde los vecinos se sorprendieron que estuviesen midiendo técnicos de la Xunta, cuando la vía del interior del pueblo es ahora del Concello. Según puso de manifiesto la concejala del PSOE Margarita Lamela el proceso estaría sin completar.

«A lei tamén di que hai que arrincar o plantado en terras agrarias, a ver como»

Jacobo Feijoo, de Unións Agrarias, pone el acento en una parte menos conocida de la ley de acompañamiento de los presupuestos que determina ponerse en serio con todas estas medidas frente a los incendios. «A lei tamén di que hai que arrincar o plantado en terras agrarias. A ver como o fan porque son miles e miles de hectáreas por toda Galicia, porque aínda que conseguimos que se prohibise no 2012 o certo é que se seguiu facendo», explica el sindicalista, quien incide en que, por su parte, no les queda otra que defender a sus asociados. «Nós somos un sindicato agrario e temos que mirar polos nosos, porque, ademais, en moitas zonas existe un déficit de base territorial para as explotacións», concluye Feijoo, que está al tanto de todo el revuelo generado.