Los trabajadores celebran que la Xunta rechazase el recurso presentado por la empresa
15 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La decisión de la Consellería de Medio Ambiente de rechazar el recurso de alzada presentado por la empresa Ferroatlántica S. A contra la resolución que le impide vender las centrales del Xallas ha sido recibida, como era de prever, de manera muy distinta por parte de los trabajadores y de la compañía del Grupo Villar Mir integrada en la multinacional Ferroglobe.
La empresa presentará recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ya lo había adelantado antes de conocerse el sentido de esta resolución, para el caso de que le fuese contraria, y ayer un portavoz de Ferroglobe reiteró la intención de la firma de «defender sus derechos e intereses en todas las instancias», ya que sigue convencida de que «tiene la razón» en este conflicto.
Por contra, el comité de empresa de Cee-Dumbría y las centrales emitió ayer un comunicado en el que muestra su satisfacción ya que la resolución que viene de emitir la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Medio Ambiente, que tiene delegadas estas competencias por parte de Augas de Galicia, «confirma os argumentos defendidos polos traballadores dende o inicio do conflito: que o interese xeral que ampara a vinculación de actividades non mudou e que o plan industrial de Ferroatlántica é unha farsa». Se basan en que la compañía nada más conocer la resolución del presidente de Augas del mes de julio dejó sin efecto el citado plan industrial y en el traslado a Puertollano del proyecto de Ferrosolar, pese a las millonarias ayudas recibidas de la Xunta para Sabón. Insisten en que ha quedado más que demostrado que el interés de la venta no era ni obtener liquidez ni invertir en Galicia, como atestigua la compra de fábricas en Francia y Noruega que son competencia directa de Cee y Dumbría. Por todo ello, esperan que la empresa cese de sus pretensiones y que «o Goberno galego impida que Ferroatlántica continúe a desmantelar o tecido industrial que ten en Galiza e que espolie e explote os nosos recursos naturais, mentres recibe millonarias axudas públicas para xerar riqueza e emprego fóra do noso país».
El alcalde de Cee, Ramón Vigo, señaló ayer que «era o esperable» porque, tal como defendieron los representantes políticos locales en consonancia con el comité «a vinculación estaba claramente documentada», pese a que la empresa se enrocó en su posición «primero sin llamar a la puerta y luego pidiendo permiso». A su juicio, aunque «non sexa unha garantía moi grande», la vinculación de actividades «é a única garantía para manter un mínimo de tecido industrial» en la comarca. Por su parte, José Manuel Pequeño, alcalde de Dumbría, el otro Concello de la zona que tiene en su territorio una fábrica de Ferroatlántica, además de buena parte de la infraestructura para la producción hidroeléctrica, señaló que todavía no ha tenido acceso a la resolución, con lo que prefiere esperar a leerla para hacer algún tipo de valoración.
El documento, básicamente, rechaza uno por uno los argumentos jurídicos de la empresa respecto a la protección de sus derechos e intereses y a las disposiciones al respecto tanto de la Ley 39/2015 como de la Constitución Española. Además, incide en que la prohibición de la segregación es un punto fundamental de la concesión, aceptado por Ferroatlántica en su día, y «unha garantía da continuidade da actividade da empresa e dos seus postos de traballo».
El Congreso aprueba el estudio de un nuevo sistema de interrumpibilidad
La comisión de Industria del Congreso de los diputados ha aprobado, solo con los votos en contra del PP, la proposición no de ley de la diputada de En Marea Yolanda Díaz para establecer un nuevo sistema de interrumpibilidad, algo que afecta directamente a Ferroatlántica, al igual que a otros grandes consumidores de energía eléctrica, ya que reciben por esta vía compensaciones millonarias a cambio de desconectarse de la red cuando así lo necesita el sistema. Díaz, después de repasar cómo funciona este procedimiento en varios países de Europa, recalcó que «en 2016 los consumidores españoles pagaron por la interrumpibilidad casi 100 millones de euros más que Alemania, Francia e Italia juntas», al tiempo que puso de manifiesto que el sistema en España tiene «un coste a todas luces exagerado, un volumen de potencia interrumpible que parece innecesario y un sistema de subasta complejo y gravoso», por lo que propone numerosas modificaciones.