Una ordenanza grava el uso privativo del suelo, el subsuelo y los derechos de vuelo
09 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Dumbría acaba de aprobar -lo publica el BOP del martes- una ordenanza fiscal reguladora «polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral». Esto es cobrará por las redes de «auga, gas, electricidade, telefonía fixa e outros medios de comunicación» que pasen total o parcialmente por el dominio público municipal.
La iniciativa no es nueva porque el alcalde, José Manuel Pequeño, lleva tratando de aplicarla desde 1987 y ya pleiteó en su día con Electra del Jallas y Fenosa, pero perdió en el Contencioso. Sin embargo, ahora parte respaldado por el estudio tipo que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y por la sentencia del Tribunal Supremo, que en enero pasado le dio la razón, entre otros, al Concello de Arteixo, que también llevaba en los juzgados por este asunto desde que aprobó su ordenanza el 17 de octubre del 2014.
Sin embargo, el regidor dumbriés tampoco oculta el contexto en el que se produce la aprobación de la ordenanza y a quien puede repercutirle de manera más clara, la empresa Ferroatlántica, que tiene numerosas instalaciones en la localidad, además de en otros municipios vecinos como el de Vimianzo. Le parece «lamentable» el proceder de la compañía respecto a los concellos y a numerosas entidades de la Costa da Morte a las que les está retirando el apoyo prestado a través de su política de responsabilidad social corporativa. «Estalle dando as costas á comarca por simple revanchismo e en contra da palabra dada polo máximo responsable da compañía nas reunións mantidas, cando non hai un motivo tanxible para iso, porque probablemente este sexa o ano no que máis cartos gañe dos últimos 10, cuns beneficios que poden superar os 40 millóns de euros ao final do exercicio», se queja Pequeño, que espera que se cumplan los convenios firmados pero, en cualquier caso, dice que los concellos ya se están moviendo al respecto y ahí enmarca la ordenanza.
Al margen de esta cuestión puntual, defiende que todas las grandes compañías similares a Ferroatlántica, desde que el gobierno de José María Aznar modificó el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) pagan unos tributos «ridículos e, ademais, fano en Madrid», con lo que entiende más que razonable que se le exijan estas tasas, ya que en la actualidad únicamente pagan las líneas de distribución, es decir, que la llevan los suministros directamente a los consumidores, pero no, por ejemplo, las líneas de alta o media tensión que transportan la energía entre unas zonas y otras.
El método elegido por Dumbría para cobrar es una tasa autoliquidable del 1,5 % de la cifra de ingresos brutos, que en el caso de las empresas que utilicen redes ajenas se le impone al pago que hacen a terceros por estos servicios. Quedan excluidas las subvenciones, las indemnizaciones o los ingresos financieros entre otros. Incluso se prevé que si cambia alguna ley que le afecte la ordenanza se adapte a ella automáticamente. Ahora bien, no será para nada fácil que lleguen a hacerse efectivos los abonos porque, por norma general, las compañías son reacias a facilitar la información sobre sus ingresos y, de hecho, es por este motivo por lo que la mayoría de los casos similares acaban en los tribunales.
Arteixo abrió la vía que quieren seguir Vimianzo y Zas
La sentencia del Supremo relativa a Arteixo, además de a Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora) marcó un antes y un después en este asunto, sobre todo por su capacidad para crear jurisprudencia, con lo que ahora son varios los municipios que quieren sumarse. En la Costa da Morte en enero, a raíz de lo de Arteixo, todos los alcaldes consultados señalaban que se iban a interesar por el asunto, aunque ninguno de los casos ha fraguado, o al menos no ha trascendido, a excepción ahora del Concello de Dumbría.
Tampoco es sencillo porque la propia sentencia también tiene sus matices. «No se trata de gravar un suelo rústico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo la utilización privativa o el aprovechamiento especial del mismo, con exclusión de los demás, para una actividad netamente industrial consistente en transportar y distribuir energía eléctrica», señala el texto, al que tres de los siete magistrados presentaron un voto particular porque «distorsiona totalmente el valor del espacio ocupado y al que llegan a atribuirse valores estratosféricos».
En cualquier caso, el alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo, asegura que no se han olvidado de la cuestión, la mantienen en cartera, aunque el volumen de trabajo y de asuntos que tienen entre manos, añadida a la falta de interventora que padecieron, ha impedido que se hayan puesto con este tema. De hecho afirma que el Concello no recibe directamente ni un euro por el salto de Carantoña y no le parece normal.
También el alcalde de Zas, Manuel Muíño, señaló ayer que se va a poner en contacto con su homólogo dumbriés para ver cómo hicieron porque él no lo considera para nada fácil. De hecho, recuerda que lo intentaron con alguna compañía de telecomunicaciones, pero acabaron desistiendo porque se arriesgaban a cobrar la tasa y luego tener que devolverla.