La Deputación en pleno exige el mantenimiento de las actividades y el empleo
03 abr 2016 . Actualizado a las 22:31 h.La simple posibilidad de que la empresa Ferroatlántica, propietaria de las plantas de ferroaleaciones de Cee, Dumbría y Sabón, así como de las centrales hidroeléctricas del Xallas, llegase a segregar sus actividades de generación de energía y de producción industrial, es un fantasma que planea sobre la Costa da Morte desde el momento en el que el Grupo Villar Mir adquirió la antigua Carburos Metálicos. Resurge cada cierto tiempo y esta vez lo ha hecho con fuerza, pese a que la propia compañía incide en que «no hay nada» al respecto.
El sindicato CIG, que cedió la mayoría en el comité en favor de la alianza de UGT y CCOO en las elecciones del pasado mes de octubre, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la separación técnica de las líneas eléctricas pueda esconder un nuevo intento de dividir el negocio de las centrales de la actividad de la fábrica.
De hecho, su responsable comarcal, Xabier Santos, advierte de que la posibilidad sigue ahí porque ese ha sido un objetivo histórico de la empresa y, pese a que hay una sentencia judicial que lo impide, no se fían de que los cambios normativos o las decisiones estratégicas de la compañía, ahora integrada en el gigante Ferroglobe, puedan suponer modificaciones en este sentido. Consideran que la separación física de las líneas abre una peligrosa puerta a que se traten de dividir las actividades lo que, en último término, podría revertir negativamente en las plantas de ferroaleaciones. De hecho, Santos incide en que Ferroatlántica está concentrando su inversión en otros países y no en las fábricas de la zona. Asegura, además, que la división de I+D que estaba en Sabón, y por tanto conectada con los intereses de la Costa da Morte, ya se ha trasladado a Francia.
Este punto de tenido cierto calado, capitalizada por el BNG y AGE, que lo han trasladado a las instituciones: primero al Parlamento autonómico y ahora al pleno de la Deputación. En la última sesión de esta cámara, los grupos han realizado una declaración institucional en la que se insta a la Xunta a «adoptar as medidas legalmente adecuadas para evitar a segregación das actividades de produción de enerxía eléctrica e ferroaleacións por parte de Ferroatlántica». Además, piden que se le exija a la compañía «o mantemento da actividade produtiva e dos postos de traballo». Y, por último, solicitan que los empleos que se derivan de la «xestión, administración, contabilidade e explotación da división de enerxía» recaigan en los centros de trabajo de la zona.
La empresa no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero desde el comité, Juan Villar (UGT) califica de grave «irresponsabilidade o que está a facer determinado grupo», en referencia a la CIG. Considera que están montando un revuelo innecesario ahora que se encuentran ellos al frente de la representación de los trabajadores, y señala que para «facerse oír hai que facelo con cousas coherentes» y no generando una «alarma social» absurda.
Incide en que la sentencia judicial citada obliga a que «nunca haberá unha segregación», y señala que la separación de las líneas -de las centrales a la red sin pasar por las fábricas- responde a una cuestión técnica relacionada con la interrumpibilidad, el método porque el que Ferroatlántica recibe una compensación económica a cambio de reducir su consumo cuando el sistema así lo necesita.
Opina igual, el alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño, que se declara «moi tranquilo» en este sentido y también critica, sin citarla, a la CIG, por mantener ahora posiciones que nunca sacó a relucir cuando su situación en la empresa era otra.