Antonio Pensado, condenado a 7 años de inhabilitación por prevaricación administrativa

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CORISTANCO

Toni Longueira

El exalcalde de Coristanco, al igual que los tres hermanos gerentes de la empresa Contenedores Maracaná, fueron absueltos por falsedad documental, trafico de influencias y prevaricación de contenido económico

11 ene 2022 . Actualizado a las 20:38 h.

El que fue alcalde de Coristanco por el Partido Popular entre 1991 y 2015 y actual portavoz y líder de la Agrupación Local de Vecinos de Coristanco (ALVC), Antonio Pensado Plágaro, ha sido condenado a 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público  por prevaricación administrativa (se le redujo en 2 años la condena por dilaciones indebidas). La misma condena es de aplicación para los hermanos José Manuel, Francisco Javier y Juan Martínez Pena, gerentes de Construcciones Alejandro Martínez e Hijos, Gesmaga y Contenedores Maracaná. La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña los absuelve de delitos de prevaricación de contenido económico, tráfico de influencias y falsedad documental.

Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba para el exmandatario coristanqués cuatro años y medio de prisión y otros 36 de inhabilitación. De forma paralela, reclamaba para cada uno de los tres hermanos encausados cuatro años y siete meses de prisión por prevaricación continuada y tráfico de influencias y 5,4 millones de euros de multa.

Entonces, ¿por qué se le impone 7 años de inhabilitación para el exregidor? Porque en el 2012 Antonio Pensado otorgó un permiso temporal a Contenedores Maracaná para depositar y triturar materiales en una finca para la ejecución de una serie de vías y obras públicas de titularidad municipal. Según considera la sentencia, de 119 folios, al tratarse de material susceptible de generar un impacto medioambiental tendría que ser la Xunta de Galicia, y no el Concello, la administración que tramitara esta autorización para el depósito y triturado de estos restos.

Recurso

Con este fallo, que el abogado del exregidor, Ulises Bértolo, de Bermor Abogados, ya anunció que piensa recurrir, se pone punto y final a una de las causas judiciales más complejas y largas que se recuerdan en la Costa da Morte.

Todo arrancó por una querella presentada por otro empresario de Coristanco, Fidel Miramontes García, en julio del 2013 contra el entonces alcalde de Coristanco. Y todo porque, a su juicio, Antonio Pensado apoyó al grupo Maracaná concediéndole licencia para una planta de compost en San Paio mientras demoraba en el tiempo la que él pretendía abrir en Xaviña. En febrero del 2014, una jueza de Carballo admitió a trámite la querella y, el día 12 de febrero, la entonces instructora decretaba un registro en el Concello, que duró más de diez horas. Por estos hechos llegaron a estar investigados otros ocho exediles y ediles, que quedaron exentos de toda responsabilidad.

Este procedimiento se repartió en tres piezas judiciales separadas: expedientes de contratación pública, depósitos de materiales y residuos de la construcción en una finca y presuntas irregularidades en la concesión de licencia para actividades de compostaje.

El ministerio público consideró en su momento «llamativo» que de los 45 expedientes de contratación de obra pública realizados entre el 2009 y el 2013, «nada menos» que 30 fueran a parar a Maracaná. Se trata casi el 70% actuaciones por las que se facturaron 2.368.234,89 euros. Con respecto al depósito de restos en una finca, para la acusación pública, desde al menos el año 2007, «aunque probablemente con anterioridad a esa fecha», la gerencia de Maracaná «venía realizando depósitos incontrolados de materiales». La tercera pieza hacía referencia al supuesto boicot a una planta de lodos solicitada por una empresa de la localidad, Miramontes, en favor de otro similar de una firma rival, Gesmaga, perteneciente precisamente al grupo Maracaná.

Desde julio del 2013, cuando Fidel Miramontes interpuso una querella contra Antonio Pensado Plágaro, el que fue alcalde de Coristanco durante 24 años tuvo que hacer frente a varios litigios. En mayo del 2017 fue archivada una causa por acoso laboral denunciada por la entonces secretaria municipal, María el Carmen Seoane Bouzas. Apenas un año después quedó sobreseída otra causa en su contra por malversación de caudales públicos. A finales de julio del 2021, la Justicia, en este caso la Audiencia Provincial, le volvió a dar la razón a Pensado Plágaro, a su esposa y su hijo, quienes quedaron exonerados de delitos de malversación, prevaricación y fraude, hechos por los que la Fiscalía solicitaba 5 años de prisión y 27 de inhabilitación para el exmandatario.

Y con respecto a este último procedimiento, Antonio Pensado ya anunció que va a recurrir: «Ha quedado demostrada de nuevo mi honradez, jamás actué en contra de mis vecinos y se me condena por querer hacer obras en Coristanco. Nada más. En todo caso entiendo que con esta sentencia debo dimitir y así se lo haré saber a mis compañeros. Mi renuncia la haré efectiva si puedo mañana [miércoles]».

También hizo una valoración de este fallo Ulises Bértolo, de Bermor Abogados: «Estamos tremendamente satisfechos por la sentencia, toda vez que el 90% de los hechos que se le atribuían quedaron finalmente en nada. No hubo prevaricación de contenido económico, ni falsedad documental, ni tráfico de influencias. Y con respecto a los 7 años de inhabilitación para cargo público, tenemos claro que vamos a recurrir. Se trató de un hecho aislado como fue dar autorización a la empresa Maracaná para que, de forma provisional y temporal, pudiera depositar y triturar en una finca restos para convertirlos en zahorra con la que ejecutar una serie de obras en infraestructuras viarias promovidas desde el Concello. Un procedimiento que, según considera la sentencia, tendría que llevar a cabo la Xunta al tratarse de residuos que podrían generar algún impacto medioambiental. Para nosotros, y eso es lo que vamos a alegar en el recurso, se trata de una irregularidad administrativa, pero no es constitutivo de delito».

Por su parte, desde la gerencia de Maracaná declinaron hacer valoraciones sobre esta sentencia.