Coristanco aprueba, por fin, la ansiada conta Xeral del 2016

Luz verde a la compatibilidad laboral de Gerpe con la de alcalde. Ayer se conoció, por otra parte, el sobreseimiento de la causa contra Antonio Pensado y otras tres personas por malversación de fondos

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Carballo / La Voz

Coristanco ya tiene aprobada la Conta Xeral del 2016, requisito indispensable para que el Concello no pierda las subvenciones de este año de la Diputación y la Xunta. Según anunció ayer el alcalde, Abraham Gerpe, a la corporación, ya se perdieron 49.000 euros de una ayuda. En todo caso, aseguró que no se perderán el resto de las previstas, una versión que no fue avalada por la oposición, que acusó al gobierno de presentar un documento (Conta Xeral) sin el aval de secretaría. Por su parte, Gerpe contestó que tiene el informe favorable del departamento competente: intervención. La propuesta salió adelante con los votos del alcalde y de los no adscritos. Se abstuvieron TeGa y BNG.

Otro punto fue la propuesta para que se aceptara la compatibilidad profesional-laboral privada del alcalde, «en la participación de una sociedad», como relató la nacionalista Laura Mariño, con la dedicación exclusiva como mandatario. Fue un punto de mucha controversia, en la que Amancio Lavandeira y Laura Mariño acusaron al regidor y el resto del ejecutivo de actuar con sigilo y oscurantismo en este tema. La medida salió adelante con los apoyos del ejecutivo, la abstención de la edila no adscrita Verónica Facal y los votos en contra de TeGa y BNG. También se abordó la polémica alta a la Seguridad Social de Gerpe cuando sufrió los dos accidentes de tráfico. El alcalde dijo que desde el 1 de marzo que fue a declarar a Inspección de Trabajo no recibió ningún informe al respecto, por lo que entiende que su situación laboral y jurídica es la correcta.

TeGa y BNG criticaron que no hubiera sacado a concurso todavía la plaza de arquitecto municipal y que se hubiera contratado «de forma irregular» los servicios de un profesional externo, como sucedió con los de la asesoría jurídica. La oposición también pidió el cese o dimisión, sin éxito, de Antonio Pensado tras serle abierto juicio oral. Y TeGa presentó, también sin éxito, una moción para instar a la Xunta a adoptar medidas preventivas contra al polilla de la patata.

Sobreseída la causa contra Antonio Pensado y otras tres personas por malversación de caudales públicos

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carballo ha decretado el sobreseimiento provisional de una causa que se seguía contra parte del equipo del gobierno de Coristanco, perteneciente al anterior mandato, por una denuncia presentada por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de suministros y materiales a nueve empresas de la comarca.

La investigación se abrió contra Antonio Pensado Plágaro, Juan García Velo, Emilio Fondo Novo y María Carmen Suárez Vila. Los tres primeros forman parte de la corporación, en calidad de no adscritos. Las pesquisas se corresponden a una pieza separada de la denominada Operación Pataca.

En el auto, de 7 páginas, el instructor de este procedimiento no ve indicio alguno de la comisión de un delito de malversación, «entendido como el abono con caudales públicos de efectos o bienes destinados a un uso o aplicación privada».

En el escrito judicial también se hace referencia a la denuncia presentada en su día por la secretaria municipal, Carmen Seoane Bouzas, ante Fiscalía de A Coruña en la que alertaba de la existencia de numerosas facturas por parte de una serie de empresas, por el mismo concepto de obras. Para el juez, la investigación que en su día realizó el Seprona tampoco otorga elementos consistentes que avalen la apertura de un proceso penal contra estas cuatro personas.

Versión de la defensa

El abogado de los denunciados, Ulises Bértolo, explicó los pormenores del auto: «Las actuaciones penales tuvieron origen en la denuncia que presentó en su día la secretaria municipal ante la Fiscalía de A Coruña. Sin embargo, y tras una investigación, el juez concluye que no se advierten indicios racionales de la comisión de un delito de malversación, ni de ningún otro». Y añadió: «Esta nueva decisión es una muestra de que el principio de intervención mínima nuevamente preside la actuación en sede jurisdiccional, y de que una eventual irregularidad administrativa no es necesariamente constitutiva de un ilícito penal».

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