Abren juicio contra Antonio Pensado por prevaricación y falsedad documental

Fianzas millonarias para los gestores de Maracaná y de 40.000 euros para el exalcalde

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Carballo / La Voz

El juzgado número 1 de Carballo ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Coristanco Antonio Pensado Plágaro por tres supuestos delitos continuados de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial. También serán juzgados los tres administradores de Gesmaga, S. L. y Construcciones Martínez e Hijos, los hermanos José Manuel, Francisco Javier y Juan Martínez Pena por tres presuntos delitos de tráfico de influencias y otros tres por prevaricación continuada. El instructor fijó una serie de fianzas. En el caso del exrregidor quedó establecida en 40.000 euros y las de los tres administradores, en 7.250.000 euros para cada uno de ellos.

El Ministerio Fiscal solicita 4 años y 6 meses de prisión para el exalcalde de Coristanco y reclama también otros 36 años más de inhabilitación por tres supuestos delitos continuados de prevaricación y una multa de 27.000 euros. El fiscal pide para los tres hermanos 2 años y 4 meses de prisión por supuestos delitos de prevaricación continuada y tráfico de influencias y una multa de 5,4 millones de euros, además de otros 2 años, 3 meses y 1 día de cárcel por otras presuntas prevaricaciones.

Acusación particular

La acusación particular, que lleva el letrado carballés Pedro Luis Fernández Pombo a través del querellante, Fidel Miramontes García, solicita para Antonio Pensado 5 años y 3 meses de prisión, 14 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros. De forma paralela, solicita para los cuatro investigados una indemnización solidaria para Fidel Miramontes García de 1.549.881,33. La acusación particular pide 2 años y 11 meses de prisión para cada uno de los administradores de Gesmaga y Construcciones Martínez e Hijos.

Las defensas

Según apuntó Ulises Bértolo, abogado del exalcalde, perteneciente al gabinete Bermor abogados, «el delito de prevaricación que se le imputa y que conllevaría inhabilitación y multa, se refiere a resoluciones adoptadas en varios expedientes que han venido precedidos de los correspondientes informes. Esta ha sido una instrucción que ha entrado a analizar cuestiones de legalidad que ni siquiera ha sido puesta en tela de juicio en vía administrativa. Al igual que la causa fue sobreseída respecto de los otros miembros de la junta de gobierno local que habían sido imputados, confiamos en demostrar la inocencia de nuestro cliente». Y añadió: «En cuanto al delito de falsificación en documento oficial y por el que se le pide pena de cárcel, entendemos que no se dan en ningún caso los requisitos, que se extrae de la existencia de una anotación manuscrita que se le atribuye, y que no forma parte de ningún documento, por lo que igualmente confiamos en su absolución por este motivo».

También dio su opinión Esther López Conde, letrada de los tres administradores de Gesmaga y Construcciones Martínez e Hijos, S.L. Explicó que se «trata de un trámite más en el procedimiento judicial» y dejó claro que la fianza exigida «no viene avalada por una responsabilidad civil, sino penal. Es decir, no hubo quebranto económico para las arcas municipales». Cree que una cosa es lo que pide la Fiscalía y otra lo que se pueda acreditar en el juicio, dejado claro que sus clientes son inocentes de los cargos que se les atribuyen.

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