El Concello de Coristanco camina por su particular travesía por el desierto desde hace cuatro años por los litigios judiciales y los problemas económicos y políticos. La llegada de Terra Galega al poder no cambió ese rumbo de deriva institucional.
15 de mayo 2015. Amancio Lavandeira (Terra Galega) cogió el bastón de mando gracias al apoyo del PSOE y BNG, formando un tripartito muy inestable desde el primer momento.
6 de junio del 2016. Abraham Gerpe Muñiz (PSOE) anunció su salida del equipo de gobierno.
16 de febrero del 2017. Terra Galega perdió otro aliado. La edila nacionalista, Laura Mariño, se pasó a la oposición por sus discrepancias con el ejecutivo local.
12 de mayo del 2017. Un juez archivó la causa por acoso laboral contra Antonio Pensado por parte de la secretaria municipal María del Carmen Seoane Bouzas. La trabajadora había denunciado al exmandatario en julio del 2014.
20 de junio del 2017. Laura Tasende Cancela (TeGa) denunció públicamente un supuesto intento de soborno por parte de un trabajador municipal Manuel Lema Seoane. La propuesta incluiría 60.000 euros en metálico, apoyo profesional para su bufete de abogados, sueldo del Concello y ser cabeza de lista del PP para el 2019. El proceso penal continúa abierto toda vez que hay conversaciones y wasaps que sustentan la denuncia. Estos hechos también fueron puestos en conocimiento por la concejala Verónica Facal durante la celebración del pleno de mes de junio, aunque, en su caso descartó presentar denuncia, aunque sí puso en conocimiento de estos hechos a la dirección de Terra Galega.
30 de junio del 2017. La edila de Deportes de Terra Galega, Verónica Facal, se pasaba al grupo de los no adscritos. Terra Galega se quedaba en franca minoría, con 4 de 13 concejales en la corporación.
24 de julio del 2017. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carballo emite un auto por el cual mantiene la imputación para Antonio Pensado Plágaro y los gestores de la empresa Maracaná por presuntos delitos de fraude, prevaricación continuada y tráfico de influencias. Al exregidor, el instructor de la causa le añade al sumario un supuesto delito de falsedad documental.