El juez mantiene la imputación del exalcalde de Coristanco y Maracaná

Los investiga por tráfico de influencias, prevaricación, fraude y falsedad documental


Carballo / La Voz

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carballo mantiene la imputación para el exalcalde de Coristanco Antonio Pensado Plágaro y los gestores de Construcciones Martínez e Hijos, S.?L. y Gesmaga, S.?L. (Grupo Maracaná), los hermanos Francisco Javier, José Manuel y Juan Martínez Pena. A los cuatro los investiga por supuesta prevaricación continuada, tráfico de influencias y fraude. Al exmandatario le suma además un posible delito de falsedad documental. El instructor ha separado las diligencias penales, abiertas en el 2013, en cuatro bloques.

La primera pieza hace referencia a la construcción de dos plantas de compostaje y de tratamiento de lodos. Fidel Miramontes, representado por Pedro Luis Fernández Pombo, se querelló contra el entonces regidor, que desencadenó este litigio, había solicitado el 30 de agosto del 2012 licencia para hacer una nave en Costa Redonda (Xaviña). Trece días después el grupo Maracaná presentó un proyecto para una actividad similar en A Furoca (San Paio). Según recoge el auto, los propietarios de Gesmaga desarrollaron una «estrecha relación personal» con el entonces regidor, que los llevaría «a mantener numerosas reuniones y a moverse libremente por las oficinas municipales, llegando a usar los ordenadores públicos».

Según el informe judicial, «los acusados, los hermanos Martínez Pena se concertaron con Pensado Plágaro para impedir que el proyecto de Miramontes llegara a buen fin y en cambio tuviese éxito el proyecto del grupo Maracaná», obteniendo licencia provisional de obra y actividad el 11 de junio de 2013, mientras que la iniciativa de Miramontes «sigue a día de hoy paralizada y sin resolución».

Otra pieza de este procedimiento es la que hace referencia a la contratación de obra pública por parte del Concello entre el 2009 y el 2013. En concreto, 30 obras adjudicadas a Maracaná por importe de 2.368.234 euros. Los expedientes y la declaración de la secretaria municipal, Carmen Seoane Bouzas, «evidencian notorias irregularidades». Según el auto, «los instructores de dichos proyectos eran directamente elegidos por el entonces alcalde» a través de contratos negociados sin publicidad, «convirtiéndose en una vía para garantizar la adjudicación de los contratos a la empresa Martínez e Hijos. También se adjudicarían numerosas obras a través de contratos menores, de los que una parte importante no constarían en los registros contables del Ayuntamiento.

También se instruye dentro de esta causa un depósito de materiales y residuos en una finca de Traba, que según el auto, a través de un informe efectuado por el Seprona, el entonces regidor daría permiso a Construcciones Martínez e Hijos, S.L. para que la empresa realizara labores de triturado de material almacenado en esa finca de forma temporal, lo que, a juicio del instructor, se trata de una «resolución patentemente contraria a derecho» que supuso, entre otras, cuestiones, una multa a la empresa por importe de 15.000 euros.

Por todos estos hechos, el juzgado que instruye el procedimiento desde hace cuatro años entiende que debe mantener la acusación sobre el exalcalde, así como de los tres gestores del grupo empresarial coristanqués.

La empresa niega haber cometido delito y asegura que siempre actuó bajo la ley

 

 

Esther López Conde, la abogada que lleva la defensa de los tres administradores de las sociedades Gesmaga, S.L. y Construcciones Martínez e Hijos, S.L. niega las acusaciones vertidas en el auto: «Mis clientes siempre actuaron bajo el amparo de la ley». Y añadió: «La tramitación y concesión de la licencia para el proyecto de construcción de la planta de A Furoca se realizó siempre bajo criterios estrictamente técnicos y conforme a la ley. Así lo reflejan todos los informes técnicos, que han sido favorables. Además, no es cierto que la planta esté operativa. No hay actividad alguna en esa nave». Sobre la adjudicación de los 30 contratos, la letrada apuntó que sus defendidos participaron en todos los procedimientos «bajo la reglas de contratación impuestas desde el Ayuntamiento y hay documentos que lo corroboran». Por su parte, Antonio Pensado declinó hacer valoraciones sobre este auto.

Archivada la causa contra otros ocho ediles del PP

 

 

El instructor, de forma paralela, ha decretado también el sobreseimiento de la causa contra ocho ediles del PP, que formaron parte de las junta de gobierno local entre el 2007 y el 2015. En concreto, Carlos Reino Vecino, María del Carmen Suárez Vila, Clarisa Couto Castro, Luis Souto Gómez, Emilio Fondo Novo, Fidel Cotelo Varela, José Rodríguez Conde y Juan García Velo. Para el juez, no ha quedado acreditado que estos exconcejales y ediles «hubieran actuado de forma arbitraria o concertada con los administradores» de Maracaná y sería el exmandatario el que se ocuparía de la elección de los redactores de los proyectos, recayendo sobre él (Antonio Pensado) «la designación del responsable del contrato y ostentando la condición de presidente de dichas juntas de gobierno».

También se ha sobreseído la causa contra el ingeniero Manuel Domingo Rodríguez Caamaño, ya que, según el juez, su forma de actuar en los procesos de contratación y adjudicación de obras públicas actuó siempre bajo los criterios «encomendados por el entonces alcalde de Coristanco Antonio Pensado Plágaro.

Importancia

Todos los procesos judiciales son importantes -unos más que otros-, pero los que afectan a aspectos de la vida y la contratación pública son especialmente importantes. Tanto en ese caso como en otros de la comarca (lejos quedan los tiempos en los que los regidores o exalcaldes apenas pasabanpor los juzgados), lo que hay que pedir es celeridad en las resoluciones. La justicia que se eterniza corre el riesgo de dejar de serlo.

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