El personal laboral con cargo a ayudas lastra a los concellos con cargas salariales

Personal contratado con subvenciones pasa a indefinido sin presupuesto para ello


cee / la voz

El asunto es ya viejo y lo saben bien, por ejemplo, en Corcubión, donde la situación laboral de varios empleados se dirimió en el pasado a golpe de pleitos y no hace mucho que tuvieron que incluir en plantilla a otra trabajadora temporal. Sin embargo, hay tres casos muy recientes, en Carballo, Vimianzo y Cee, concretamente que vuelven a poner sobre la mesa una cuestión particular: las contrataciones de personal para las Administraciones públicas que arrancan en base a subvenciones o programas concretos, pero se extienden en el tiempo o se mantienen una vez que esas ayudas han cesado. Los interesados reclaman los derechos que les asisten en los tribunales, por haber prestado servicio en un mismo lugar durante un período de tiempo determinado y, con la ley en la mano, se convierten en indefinidos. A partir de ahí, al Concello de turno no le queda más que cumplir e incluirlos en plantilla o indemnizarlos dependiendo de los casos.

Lógicamente, y también en función del tamaño y la disponibilidad económica del municipio en cuestión, el fenómeno trae consigo un desequilibrio presupuestario porque hay que pagar unos salarios y cotizaciones que no figuraban en las previsiones o en la relación de puestos de trabajo (RPT). Y no es que sobre personal, sino que, generalmente, lo que faltan son recursos.

Entre estos casos actuales, de sentencias favorables a los trabajadores, están el de una responsable de comunicación de Carballo y la normalizadora lingüística de Vimianzo y Zas, al que se ha sumado, como salió a la luz en el último pleno municipal, el de la directora del CIM de Cee, aunque la sentencia es ya de finales del año pasado.

La concejala del PSOE, Margarita Lamela, sacó el asunto para recalcarle al alcalde que hay que cumplir esta sentencia que daba un plazo de tres meses para incluir ese puesto de directora del CIM en la RPT, dado que, entre otras cosas, otros compañeros, con la misma categoría de licenciados cobran un complemento a mayores de 732 euros mensuales que la reclamante no percibe.

Aún aceptando que eso hay que cumplirlo y después de Lamela le advirtiese de los riesgos de, el alcalde, Ramón Vigo, abrió una reflexión sobre este tipo de puestos que nacieron vinculados a subvenciones. «Es precisa una actitud de cautela siempre en lo más favorable a los trabajadores, pero preservando la economía del Concello, porque estos puestos, por más necesarios que sean por las funciones que realizan, si los tenemos que mantener nosotros igual no somos capaces», señaló.

El regidor se mostró igualmente dispuesto a revisar y modificar la RPT «de arriba-abajo», pero reconoció abiertamente que, si se cubriesen todos los puestos que en ella figuran, hoy en día el Concello de Cee no tendría dinero para pagarlo y seguir funcionando con normalidad.

«Este tipo de asuntos reverten de forma negativa no conxunto dos traballadores»

El alcalde de Vimianzo, que tomó la decisión de indemnizar y no reincorporar a la normalizadora lingüística, insiste en que los regidores como gestores no pueden «pór en risco a estabilidade da facenda local», con lo que entiende este tipo de demandas como un «abuso» de la norma que a lo único que conducen es a que estos asuntos «revirtan de maneira negativa no conxunto dos traballadores, introducindo aínda máis precariedade e inestabilidade». Lo dice para no incurrir en ilegalidades y evitar que se consoliden plazas que no figuran en el RPT, a lo que tienden los gestores es a la rotación de los trabajadores para que no llegue a esos tres años en el puesto.

Las normas estaban ahí antes de contratar

Carlos Puga

Es muy habitual oír o leer opiniones más o menos fundamentadas sobre la excesiva temporalidad del mercado laboral español, sin que el paso de los años haya venido a reducir las altísimas tasas de contratación temporal.

Pero lo cierto es que esa misma temporalidad puede estar justificada en muchas ocasiones, sin que la contratación formalizada bajo tal modalidad pueda ser tildada como fraudulenta.

Un supuesto típico que encajaría dentro de las exigencias legales de la contratación temporal sería, en principio, el que ha venido afectando a las Administraciones Públicas y, en especial, a nuestros concellos cuando han recibido determinadas subvenciones para la prestación de servicios finalistas perfectamente definidos. Servicios que suelen llevar aparejada la contratación de cierto personal durante la vigencia de la subvención concedida.

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