Cuando Bruselas aplica recortes a esgalla en cuanto a cuotas pesqueras siempre se reabre el mismo debate en la Costa da Morte y en Galicia: que si el Gobierno de turno no sabe negociar, que si se baja los pantalones ante Merkel y compañía, que si nuestros políticos son unos inútiles porque no defienden los intereses de nuestra flota. Es la manida versión de que la culpa siempre es del otro. Y es posible que los armadores tengan algo razón en sus reclamaciones. Pero la pelota no siempre está en el tejado del otro. También hay que hacer algo de autocrítica. Pero eso no interesa. Es mejor echar la culpa a los demás de nuestros desmadres.
Los continuos decomisos de xarda, xurelo o sardina ilegales, como la partida incautada ayer en Camariñas de 7 toneladas, o la requisada en Corcubión el pasado año de 3,5 toneladas, deja bien a las claras que el problema de las cuotas va más allá de las meras disputas entre despachos. Surge en la propia costa. El clásico armador que declara la mitad, o menos, de lo que realmente captura en una campaña, el que entra en la reserva de Os Miñarzos para hacer su agosto con la sardina en el San Xoán, el que usa dinamita para pescar... Vamos, el fraude por bandera. ¿Por qué una partida de 7 toneladas de xarda no lleva la correspondiente hoja de trazabilidad? ¿Quién se beneficia de está práctica ilegal y fraudulenta? Está claro que todos menos el consumidor final, que no tiene unas garantías mínimas sanitarias y alimentarias del producto que compra y la Hacienda Pública (sí esa que sostenemos entre todos con nuestros impuestos).
Es muy fácil pedir al político de turno que reclame más cuota ante Bruselas cuando uno bordea la legalidad constantemente. No solo eso, sino que alguno da lecciones de cómo afrontar una negociación con otros 27 países (incluido el Reino Unido hasta que se certifique el brexit).
Y mientras otros países de la Unión Europea exigen a sus respectivas flotas que declaren hasta el último ejemplar capturado en la red (por el riesgo a sufrir multas ejemplares) aquí sucede todo lo contrario. Y claro, Bruselas asigna las cuotas en función de lo que indican los libritos de contabilidad. Y bajo esos parámetros a España le ofrecen menos cupo. Si todos fueran por el libro seguro que a Galicia, a la Costa da Morte y a España le darían más porción de tarta. Y sino es así, entonces es cuando hay que reclamar lo que es justo y exigir a nuestros políticos altura de miras. Pero la dura realidad es que se suceden los decomisos y las prácticas fraudulentas. El problema es que el que incumple la norma lo hace porque es rentable. Si se modificara el código sancionador a lo mejor se acababa con el fraude.