La iglesia de Corcubión se libera de un lastre ya histórico para su imagen

Juan Ventura Lado Alvela
j. v. lado CEE / LA VOZ

CORCUBIÓN

JORGE PARRI

La casa rectoral recupera 16 años después su forma sin el añadido declarado ilegal

20 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La ampliación ilegal de la casa rectoral de Corcubión era, junto al edificio de la plaza Castelao todavía en trámites para su regularización, uno de los principales lunares urbanísticos del núcleo de la localidad. Pero acaba de pasar a la historia después de la constructora coruñesa Reni, contratada por el Arzobispado, completase las obras para reponer la legalidad en este inmueble.

La vivienda, que ya cuando el actual sacerdote, Baldomero Louro, se hizo cargo de la parroquia, se encontraba en muy mal estado, fue objeto a partir del año 2001 de una ampliación ilegal. Se eliminó la galería de madera blanca, signo distintivo de muchos inmuebles de la villa, y la cubierta, en lugar de respetar la estructura original, creció por encima del garaje, alterando por tanto volúmenes, ocupación y otra serie de preceptos urbanísticos.

Una vez que intervinieron Patrimonio y el Concello los trabajos tuvieron que pararse y el resultado fue un mamotreto nada acorde con la estética de la zona, que se mantuvo durante 16 años al pie de la iglesia de San marcos, uno de los bienes principales de Corcubión, con un lugar preeminente en el casco histórico.

Ya desde los primeros años del gobierno del exalcalde Francisco Javier Lema se fueron sucediendo los requerimientos al Arzobispado de Santiago de Compostela, como propietario de la vivienda, para que actuase. Tardó en hacerlo pese a las advertencias hasta que el año pasado, ya cuando el actual gobierno había avisado de se iba a poner en serio con estos asuntos, los técnicos de la Iglesia se pusieron en contacto con los municipales para articular la manera de cumplir con la ley. Las obras previstas, en marcha ya desde el pasado septiembre, tenían un plazo de ejecución de 18 meses, pero, al menos en lo que afecta a la parte exterior y a la estética de la plaza ya están terminadas. Se conservó la fachada principal de la planta baja, porque la primera era básicamente un hueco entre columnas y el añadido sobre el portal lateral ha desaparecido por completo y el espacio se encuentra libre.

Tanto el alcalde, Manuel Insua, como el cura, Baldomero Louro, mostraron su satisfacción porque, finalmente, se haya podido llegar a una solución para un problema que, aunque nunca llegó a los tribunales, sí que estaba muy enquistado en la vía administrativa y suponía una afrenta estética para la iglesia de San Marcos.

Ahora está por ver que finalidad se le da al inmueble. Por el momento, la intención del Arzobispado era cumplir con la legislación y solucionar la parte urbanística, aunque lo más probable es que, en un futuro, pueda volver a su uso primigenio, que es el de servir como alojamiento a los futuros sacerdotes que puedan hacerse cargo de la parroquia. Louro, ya mayor y con problemas de salud, no tiene intención de trasladarse a vivir a ella.

El dueño de la vivienda de Bamiro denuncia pasividad

Aunque no tan llamativos como el de Corcubión los casos de viviendas construídas o ampliadas de manera ilegal que desembocan en conflictos administrativos y judiciales son una constante en la Costa da Morte, herencia de todos los desmanes cometidos durante decenios y del nulo interés de las autoridades en velar por el cumplimiento de las normativas. Uno de los que está más de actualidad es de la vivienda de Evaristo Blanco Blanco en Bamiro (Vimianzo), que tiene decretada una orden de derribo por parte de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Su caso, no exento de utilización política, ha dado lugar a todo tipo de actuaciones, incluidas manifestaciones contra el alcalde, Manuel Antelo, delante del Concello. La última, el pasado 21 de diciembre, quedó suspendida después de Blanco hablase con el regidor, en lo que parecía una línea de entendimiento después de múltiples exabruptos del propietario que incluso llegó a ser expulsado del pleno municipal. Sin embargo, ayer Blanco volvió a denunciar lo que considera una actitud pasiva del Concello y falta de interés porque su casa se libre del derribo. «Levamos agardando dende o 21 de decembro. O xoves pasado díxome que solo faltaba unha firma e a min bótaseme o tempo enriba», se queja blanco que está pendiente de una nueva multa de la APLU en tres meses, sanciones que dice que, sino se paran, le obligarán a tirar la vivienda.

Casos como el suyo, aunque menos publicitados, hay decenas en la comarca. Los más significativos de los últimos tiempos que acabaron en derribo son los de dos casas, una en Buño y otra en Arou, demolidas el año pasado, junto con el piso de la calle Rueiro da Praia de Malpica, que acumulaba 32 años de trámites y pleitos. Una situación parecida, aunque no tan prolongada, a la de los chalés de Reira en plena Red Natura de Camariñas. Algunos han sido ya derribado y otros aparecen periódicamente en los boletines oficiales con nuevas sanciones y trámites. Sin embargo, el problema más serio está en Fisterra, donde al gobierno y una veintena de propietarios les urgen la aprobación del PXOM que puede salvar varios edificios con irregularidades