Millones de euros públicos aguardan invertidos en edificios infrautilizados

J. V. Lado / T. L. / C. V. G. CEE / LA VOZ

CORCUBIÓN

JOSE MANUEL CASAL

Prácticamente todos los concellos tienen algún inmueble que solo les da gastos

03 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En Camariñas estos días algunos se echaban las manos a la cabeza al recordar todo el dinero invertido en el minicriadero experimental de almejas que está prácticamente abandonado, pero lejos de ser un caso único, prácticamente todos los municipios de la zona tienen ejemplos -algunos varios- de despilfarro, mala planificación o simplemente fracaso de proyectos que prometían desarrollo, dotaciones y futuro y que, en realidad, no son más que una pesada carga y una vergüenza visual de lo peor de la Administración pública.

En la comarca de Fisterra la palma se la lleva Cee con la piscina (dos millones de euros en el 2006), dos guarderías (una de ellas completamente pública), el párking del mercado, la Escola de Música y el C3M, aunque algunos de esos casos estén en vías de solución, con el prácticamente seguro ya traslado del Inem o la apertura de un centro de atención a la tercera edad. Pero también Corcubión tiene parados los dos inmuebles del centro de día, con una perspectiva bastante negra para llegar a abrirlos, y claramente infrautilizada la base de Protección Civil con su polémica ubicación frente a la fachada marítima donde todavía subsiste la antigua caseta de madera y a solo unos pasos de las viviendas sociales arriba de los juzgados que también precisan ponerlas en marcha. En Muxía tampoco llegó a realizarse como tal el mercado debajo del Salón do Voluntariado y el espacio sirve para actividades puntuales y como almacén municipal. Incluso en Dumbría, donde las inversiones se suelen traducir en éxitos, O Refuxio da Ponte está empantanado desde hace ya un año y el Centro de Información ao Peregrino de O Hospital solo tiene verdadera actividad en temporada alta.

Ya en el vecino municipio de Vimianzo destaca sobre todo la problemática obra de la Centro Social e Cultural de Baíñas, que no ha dado más que problemas desde su construcción. Sus múltiples defectos provocaron filtraciones de agua, que se deteriorase lo ha hecho o la necesidad de múltiples reformas, la última todavía en marcha y después ya de que se le devolviese la garantía al constructor -con el que el Concello tuvo varios pleitos- tal como salió a relucir en el último pleno. Además, de la herencia de la fallida Neria, al igual que el C3M de Cee, permanece plantado en O Mosquetín y amenazando ya ruina el Centro de Interpretación do Mel.

Sin embargo, donde se concentran un mayor número de inversiones fallidas o a las que les queda todavía un largo trecho para derivar en un mínimo de rentabilidad social es en Bergantiños, y no se trata precisamente de la típica escuela unitaria que quedó en desuso con el tiempo.

Los 1,1 millones de euros de la piscina de Malpica son paradigmáticos porque nunca llegó a funcionar más que como propaganda previa a las municipales y, de hecho, el Concello ya tiene asumido que no puede mantenerla, ya que sus propias características hacen imposible darle cabida a los usuarios suficientes para rentabilizarla. Además, en el municipio tienen el Centro Comarcal de Buño, que, con todo lo que fue -sobre todo por la colección de olería de García Alén- hoy se limita a albergar las oficinas del GAC y del GDR.

A eso, a oficinas de empresas acaba de dedicar el Concello de Cerceda su más que ambicioso Centro Tecnolóxico, con otros 200.000 euros a mayores de los 2,6 millones que había costado en el 2009 para que se inaugurase en el 2011 y estuviese parado desde entonces.

También resulta paradigmático, aunque por otras cosas como los robos o el vandalismo, lo que iba a ser el aula de la naturaleza del complejo de A Rocheira, en Coristanco, y que, saqueo mediante, ha quedado convertida en un espejo de lo peor de la sociedad.

Si se abre el abanico a casos menos impactantes, pero igualmente, enquistados aparece la antigua Cámara Agraria de Carballo o el chalé de Portos en Laxe, donde, como ocurre en la rectoral de Golmar de A Laracha, también cuentan con un museo -de la pesca el primero y de los ríos el segundo- que no destacan precisamente por su aprovechamiento continuado, ya que la mayor parte del año solo abren bajo demanda.

Tampoco el litoral escapa de esta tónica porque los más de 15 millones del puerto de Brens no han conseguido por el momento abrirlo más allá de ser el muelle para la actividad de Ferroatlántica y las inversiones de Caión o Sardiñeiro multiplican varias veces la actividad de sus embarcaciones pesqueras.

Empresarios se quedan a precio de saldo con algunos de los fracasos más sonados

En el caso de la Administración pública, que lo va resistiendo todo, es muy difícil que se llegue a admitir el fracaso absoluto de un proyecto y que el concello de turno opte por vender o le acaben embargando una propiedad. Sin embargo, cuando la forma societaria es diferente, caso de las asociaciones, por más que los recursos tengan un mismo origen público, no está detrás ese colchón del Estado y se ven situaciones realmente llamativas. En la zona las más sonadas fueron la de Neria y la Asociación Cultural Río Anllóns de Ponteceso. En el primero de los casos el constructor muxián Germán Mouzo -aunque no lo que quería porque su prioridad era cobrar lo adeudado- se ha acabado quedando con el Centro do Coñecemento da Costa da Morte (C3M) de Cee, ante la absoluta desidia de la entidad, los concellos y la Deputación. En el de Ponteceso, la empresa cabanesa Construcciones Pose ha hecho lo propio al abonar 16.283 euros por un inmueble -más bien el esqueleto de lo que iba a cer un gran centro cultural- que estaba tasado en más de 340.000.

En ambos casos se trata de soluciones judiciales que no satisfacen a nadie, porque el objetivo social nunca llegó a cumplirse, las entidades en cuestión quedan completamente descapitalizadas y lo empresarios en cuestión, en el mejor de los casos, tienen que poner ahora sustanciosas cantidades de dinero de su bolsillo para darle algún uso a esas propiedades y no perder el trabajo hecho que nunca les pagaron.

El riesgo de que Europa reclame el dinero sigue ahí

Una parte importante de estos proyectos fallidos o edificios infrautilizados se llevaron a cabo con dinero procedente de fondos europeos, en ocasiones con subvenciones superiores al 80 % del coste total. Por el momento las instituciones comunitarias no han ejercido una fiscalización estricta sobre el uso de esos fondos -al menos no a este nivel-, pero sí hay casos ya que se encuentran inmersos en procesos judiciales, como el de la organización Neria a cuenta del destino del dinero del Ministerio de Industria. Si empiezan a llegar reclamaciones importantes al respecto, que en algún caso aún estarían en plazo, las consecuencias pueden ser desastrosas.