En los juzgados de Carballo y Corcubión se tramitaron en el último año 2.479 casos menos
02 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los juzgados de primera instancia e instrucción de Carballo, tres en total, y Corcubión, dos, apenas dan abasto para investigar todos los procedimientos que llegan a sus manos. Es literalmente imposible con los medios técnicos y humanos de los que disponen. Además, hay que añadir como hándicap la entrada en vigor, en enero del 2016, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mucho más restrictiva a la hora de establecer plazos para finalizar la instrucción de un caso.
Esta nueva medida supone, en la práctica, que decenas de casos queden archivados o sobreseídos debido, en gran medida, a las dilaciones en las investigaciones. Según los últimos datos del Consejo General del Poder judicial, entre los cinco togados de Carballo y Corcubión sumaron, a cierre del 2016, un total de 2.638 asuntos sin resolver, entre sentencias, autos y decretos. Se trata de un 6,4 % menos que en el 2015 (un total de 2.817). Esta merma, sin embargo, no se debería, según sindicatos, abogados y funcionarios consultados, a una mayor celeridad en la tramitación de los casos, sino a un mayor sobreseimiento de los mismos.
Según apuntaron ayer fuentes del Partido judicial de Corcubión, lo que ha quedado constatado desde la entrada en vigor de la nueva ley procesal es que se han recibido menos atestados: «Isto é, a Policía Xudicial, Garda Civil, Policía Local ou Policía Nacional non remiten aos xuíces os informes cando non hai un autor coñecido do delito». Un dato que avalaría esta versión (hay que incluir aquí el cobro de tasas judiciales) es el número de casos nuevos registrados en los cinco juzgados: 6.902 en el 2016, frente a los 9.381 contabilizados en el 2015. Es decir, 2.479 menos en apenas 12 meses.
Antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los informes periciales emitidos por las fuerzas de seguridad se mantenían abiertos o encima de la mesa en los juzgados de instrucción a la espera de que las investigaciones arrojasen algo de luz. Ahora, instructores y fuerzas de seguridad solo tienen seis meses para resolver un caso, salvo que este tenga la catalogación de causa compleja. De ser así, los jueces tienen 18 meses más para finalizar el procedimiento. Es decir, con la entrada en vigor de la nueva ley procesal, jueces y magistrados tienen hasta diciembre de este año para resolver varias macrocausas en la Costa da Morte.
Hay algunas tremendamente relevantes y, sobre todo mediáticas. Una de ellas es la que afecta al antiguo agente comercial de banca de Laxe José Fermín Simal Ramos. El proceso contra él arrancó a comienzos de junio del 2014. Está investigado por el desvío de fondos de cuentas y depósitos de 159 clientes. El propio Simal Ramos reconocería en su momento ante la instructora del caso que cometió «irregularidades contables» por importe de 1,47 millones de euros, una cuantía que difiere, y mucho, de la facilitada en su día por el Banco Santander, personado en la causa contra el exagente, que habla de «estafa» por «3,9 millones de euros». También se encuentra en fase de instrucción el proceso contra el exalcalde de Coristanco Antonio Pensado Plágaro, procedimiento que también ha salpicado a gran parte del anterior equipo de gobierno local. Plágaro está siendo investigado por prevaricación, malversación de fondos públicos y abuso de influencias. El procedimiento penal arrancó el 12 de febrero del 2014.
Otra macrocausa abierta es la que afecta al exmandatario de Malpica José Ramón Varela Rey; el alcalde, Eduardo Parga Veiga; dos exconcejales, un arquitecto municipal y una antigua secretaria municipal por presuntas irregularidades en la recalificación de unos terrenos en la zona de A Atalaia para que un promotor levantara en el 2006 un edificio que, por cierto, quedó sin acabar.