Casi todos los polígonos industriales tienen en cartera algún proyecto empresarial nuevo, bien de firmas que se traslada o de otras que empiezan de cero. Sin embargo, apenas se mueve una pala ni se gasta un saco de cemento y no es precisamente porque haya falta de empresas de construcción con necesidad de trabajar. Quien más quien menos está a la espera de que se ponga en marcha la maquinaria del GDR y que empiecen a fluir la subvenciones para darle forma a esas iniciativas.
Lejos de tratarse de un caso aislado, de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de los programas Leader de la Unión Europea, se ha convertido, por suerte o por desgracia, en la forma habitual de trabajar en la Costa da Morte. El caso paradigmático es el de los ganaderos, cuyo silencio de estos meses tiene más que ver con las tareas agrarias propias de la temporada que con que se haya solucionado la situación. Siguen vendiendo su producto muy por debajo de lo que valen, mientras, paradójicamente, la Política Agraria Común (PAC), que les condena a una existencia subsidiada es lo que les mantiene vivos.
Un constructor de la comarca de Fisterra consultado, que hace desde cuadras hasta albergues turísticos y por decenas cada año, dice que no se acuerda cuando fue la última vez que hizo una obra de cierta entidad que no estuviese auspiciada por una subvención.
Incluso el buque insignia de la industria comarcal, como es Ferroatlántica, depende de ingresos indirectos, que no son una subvención sino más bien una compensación por dejar de trabajar, que es lo que se adquiere en las subastas de interrumpibilidad eléctrica, el sistema por el que deja de consumir de la red cuando esta lo necesita.
El turismo, primero las casas rurales y ahora los albergues de peregrinos, no se entendería sin el engrase de los sustanciosos fondos europeos, repartidos no siempre entre quien más los necesita.
El patrón mayor de Corcubión, por ejemplo, asegura que nadie le ayuda a mejorar su actividad, pero si quiere desguazar el barco y abrir un bar, ahí si tendría acceso al dinero del GALP.
Incluso los propios ayuntamientos son «economías subsidiadas», como los define el alcalde de Cee, Ramón Vigo, porque en lugar de disponer de los fondos necesarios para cubrir lo que consideran las necesidades de sus ciudadanos, subsisten permanentemente a expensas de las migajas de la Deputación, la Xunta o el Gobierno central, que diseñan planes muchas veces en las antípodas de lo que realmente hace falta en el territorio.
Esta realidad está tan asumida, que ya ni se plantea la necesidad de una existencia autónoma en vez de una vida subvencionada.