La jueza no ve indicios penales contra los funcionarios o los trabajadores bancarios
14 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La trama forestal conocida como caso Maceiras eran el empresario Manuel Maceiras Hermida, su mujer María Jesús Esmorís Ameijeiras, su hermano José Maceiras Hermida y los ingenieros Manuel Costa Barrientos y Carlos Manuel Perdiz González.
Al menos así lo entiende la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión, que acaba de emitir el auto que cierra esta fase del proceso justo un día después de que se cumpliesen los cinco años desde la apertura de las diligencias.
La instructora, que asumió la causa de más de 80 tomos con cientos de declaraciones, pruebas periciales e infinidad de documentación, da por hecho que Maceiras y su entorno supuestamente «falsearon as condicións requiridas para a concesión de subvencións, alterando e manipulando datos e documentos relevantes que, de coñecerse, terían impedido a súa aprobación e posterior pago». Asi consiguieron ayudas irregulares entre los años 2007 y 2010 por importe de 1.832.720 euros, correspondientes a 139 expedientes distintos.
Para ello, según el auto, el empresario y sus colaboradores concertaban reuniones con los vecinos y se comprometían a realizarle tanto los trabajos de reforestación como los trámites sin que estos tuviesen hiciesen aportación económica alguna. Maceiras presuntamente empleaba los DNI conseguidos en otras ocasiones, firmas falsas, un apartado de correos abierto expresamente para recibir cartas de la Xunta, números de teléfono específicos y cuentas bancarias que abría sin el conocimiento de sus titulares. En los expedientes de más de 30.000 euros, que exigían tres ofertas, la mejor siempre era la de Maceiras y Esmorís S. L. y se adjuntaban la de otra firma a nombre de su esposa y la del empresario fisterrán Severo Díaz Suárez, que se ha demostrado que no tenía constancia de ello e incluso le falsificaron la firma.
Por tanto, la jueza, al margen de que queden otros aspectos del caso por analizar e incluso la implicación de más personas, considera que estos hechos constituyen un «presunto delito de fraude continuado en subvencións».
Así como la instructora ve clara la supuesta responsabilidad penal de estos imputados, distingue claramente sus actuaciones de las que llevaron a cabo los trabajadores bancarios o los funcionarios de Medio Rural, entre ellos la jefa y los agentes del Distrito V, que han sido señalados con acusaciones graves durante estos últimos cinco años.
Respecto a los empleados de los bancos, a excepción del director del Banesto, Agustín Caamaño Blanco, que supuestamente conocía, según la jueza, la falsedad de algunos documentos firmados -de ahí que siga imputado-, señala que trataron a Maceiras como «un cliente coñecido» por ser empresario y tener diversas cuentas y contratos en estas entidades. De ahí que sus conductas «poden merecer outros reproches, civil ou laboral, pero alleos ao Dereito Penal», ya que entiende que no actuaron como colaboradores necesarios ni en concierto con Maceiras.
También exime de culpa a los funcionarios y cargos de Medio Rural porque la existencia de «simples irregularidades formales» no constituyen «indicios de responsabilidad criminal suficientes» que permitan atribuirles «a comisión dalgunha infracción penal». Una valoración esta última, con la que no concuerdan todas las partes implicadas, de ahí que vayan a recurrir el auto en los tres días que tienen de plazo.