Un vecino de Cereixo traspasa impune las líneas rojas policiales y judiciales

Los vecinos, su madre, los familiares, el director de la sucursal de Abanca, los trabajadores de numerosos establecimientos a la redonda, los guardias de Camariñas, Vimianzo y Corcubión, el alcalde de Vimianzo e incluso la propia titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Corcubión, Ana María Souto, a la que califica de «feminazi». La sucesión de insultos y amenazas protagonizadas por el vecino de Cereixo, Ángel Souto Bértola, con difusión a través de las redes sociales incluida, lejos de detenerse continúa de manera impune. Así es como lo ven numerosos vecinos, que en muchos casos ya no lo denuncian ni le hacen frente atemorizados por su actitud violenta y desaprensiva, y que no entienden como actuaciones de este tipo contra las autoridades le pueden salir prácticamente gratis.

Ayer mismo, la Guardia Civil, en cumplimiento de una orden judicial y con el apoyo del Concello de Vimianzo que le prestó el vehículo con remolque y los medios necesarios, retiró la parafernalia que en forma de carteles exhibía delante de su vivienda, con comentarios claramente injuriosos contra toda esta serie de personas e instituciones.

Además, el propio alcalde, Manuel Antelo, se topó con él en los soportales de la casa consistorial, con la misma actitud de persecución y acoso de otras veces, dado que el regidor es uno de los principales blancos de estas actitudes. «O que non podemos facer é dobrarnos ante un individuo así que ten farto a todo o mundo porque ademais é descarado e agresivo», señala Antelo, que lo ha denunciado personalmente y considera una buena noticia órdenes judiciales como la de ayer porque le dan base a las fuerzas de seguridad para actuar.

Y es que los agentes de la Guardia Civil, particularmente los de Camariñas y Vimianzo, son los que experimentan de manera más directa este acoso. Ayer mismo durante su actuación volvió a la estrategia de intimidación que mantiene desde hace meses grabándolos y difundiendo sus números de identificación profesional -aparte de en algunos casos nombres y apellidos- a través de las redes sociales.

De hecho hay agentes que están especialmente quemados con esta situación, con la que lidian casi a diario, y prefieren que sean otros compañeros los que acudan a estos servicios porque, según señala una fuente policial, «o autocontrol ten un límite e vai chegar un momento no que algún garda non aguante máis e salte, que é precisamente o que este individuo quere, pero que ao profesional pode custarlle o posto de traballo». Además, varios de ellos son naturales o residentes en la zona y sienten una especial impotencia al ver que no pueden hacer nada para librar a sus propios vecinos de este clima de presión e intranquilidad constante. De ahí que, como todas las víctimas de esta situación, estén a la espera de actuaciones judiciales concretas contra un individuo que acumula denuncias de todo tipo, desde agresiones hasta tenencia de drogas, e incluso implica a sus propios hijos menores de edad en esa estrategia de acoso indiscriminado. Una actitud que, en palabras de quienes le sufren, persigue seguir viviendo a costa de los servicios sociales y saltándose cualquier norma.

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