ANÁLISIS | Desde diciembre del 2018, el alcalde de Cerceda sufrió dos condenas y una anulación de un juicio por parte de la Audiencia Provincial
24 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El 22 de julio, el alcalde de Cerceda, José García Liñares, sufrió un nuevo varapalo en su cruzada por demostrar que la obra ejecutada en O Acevedo en el 2015 fue «un erro administrativo» y no penal, como lo catalogó el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, quién condenó al regidor a ocho años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Este segundo fallo supone otro jarro de agua fría, sobre todo después de que la Audiencia Provincial decretara en abril la anulación del primer juicio y la repetición del mismo porque otro togado que llevó la causa no había sido imparcial.
¿Qué dice el segundo fallo?
Que la obra realizada en el jardín botánico y presupuestada por 314.000 euros se llevó a cabo sin que finalizara el proceso y los plazos fijados de licitación, adjudicación y presentación de ofertas por las empresas interesadas.
¿Hay cambios con respecto al primer fallo, dictado en diciembre del 2018?
No y sí. No porque en esta segunda sentencia no se incluyó un delito de fraude a la Administración, que en el fallo de diciembre del 2018 supuso una condena adicional de 8 años de inhabilitación y otro año y medio de prisión. Pero los dos magistrados que lo juzgaron en primera instancia tienen claro el delito de prevaricación y ambos mantienen los 8 años de inhabilitación.
¿Puede seguir de alcalde?
Esa es la pregunta clave. Según Ley Orgánica del Régimen Electoral General son inelegibles «los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación». Ayer el PP de Cerceda añadió un elemento más. Una sentencia del Supremo que genera «xurisprudencia», dictada el pasado 1 de abril, que inhabilita a un alcalde cuando ha sido condenado, aunque ese fallo no sea firme. Liñares habla de una «interpretación da lei» y de una «condena firme» la que le puede apartar del sillón de la alcaldía. Y puso dos ejemplos de contradicciones jurídicas por unos mismos hechos. Dos alcaldes, Camariñas y Palas de Rei, que siguieron ejerciendo hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia. En el caso del primer edil de Palas de Rei, salió absuelto, y en el caso de Manuel Valeriano Alonso de León, en Camariñas, condenado. Esa contradicción es la que llevará a José García Liñares a apurar todas las instancias, no descartando, incluso, el Tribunal Constitucional.
¿Puede Liñares seguir tomando decisiones?
A su juicio, sí. Argumenta que es el alcalde y que ningún juez lo ha cesado del cargo hasta la fecha. Y por encima de normas y leyes hay un artículo (que citó en el pleno de ayer) por encima del resto: el 23 de la Constitución: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».
¿Va a recurrir Liñares el fallo que lo inhabilita?
Sí, mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
¿Qué piensan hacer los ediles de la oposición?
Los del PP de Cerceda lo tienen claro: primero solicitarán la anulación del pleno de ayer y esperarán al regreso de las vacaciones del secretario municipal. Si la oposición solicita un pleno extraordinario, el alcalde tiene 15 días hábiles para convocarlo, si no quedaría automáticamente convocado en un plazo máximo de diez días hábiles.
¿Cuándo se podría celebrar esta sesión?
Todo apunta a finales de septiembre o comienzos de octubre.
¿Qué opinan en el PSOE provincial?
Pues que se trata de un marrón. Liñares no es afiliado al PSOE desde que en septiembre del 2018 se dio de baja voluntaria al abrírsele juicio oral. Eso sí, se presentó a la reelección como independiente dentro del PSOE. En todo caso, el partido no adoptó hasta la fecha ningún tipo de decisión sobre su situación jurídica.
