Ocho años de inhabilitación por prevaricación al alcalde de Cerceda tras revisar la sentencia

El juez refleja en su sentencia que José García Liñares ordenó iniciar unas obras antes de adjudicarlas


Carballo / La Voz

El alcalde de Cerceda, el socialista José García Liñares, ha sido condenado a ocho años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, en relación a las obras del proyecto denominado Lagoas Naturalizadas y su entorno en el Xardín Botánico, en O Acevedo, Cerceda, actuaciones presupuestadas en 306.858,01 euros.

De forma paralela condenó al arquitecto municipal, Antonio José Varela Mallo, «como cooperador necesario», a cuatro años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de prevaricación y a otros nueve meses de suspensión de su cargo en el Concello por falsedad en certificado. El magistrado los absuelve de un delito de fraude contra la Administración.

Esta sentencia, dictada en primera instancia y, por tanto, recurrible, refleja unas penas inferiores a las fijadas por otro juez del Penal de A Coruña, en diciembre del 2018, que había sentenciado al alcalde de Cerceda desde hace 24 años a un año y medio de prisión y 16 de inhabilitación y al arquitecto municipal a un año y medio de prisión y 12 de inhabilitación por prevaricación y fraude a la Administración.

Cabe recordar que el primer fallo, dictado en diciembre del 2018, fue declarado nulo por la Audiencia Provincial en abril al entender que el togado no había sido imparcial, y ordenó reabrir el juicio oral.

Las nuevas vistas se celebraron el 18 y 19 de julio. José García Liñares volvió a insistir en su inocencia. Declaró que siempre había actuado conforme a los dictámenes de los técnicos municipales. Negó que hubiera cometido delito alguno y si hubo algo en todo el procedimiento fue un error administrativo, algo que achacó al secretario municipal por no haberle comunicado que hubiera un error en el procedimiento de contratación de la obra.

Sin embargo, la Fiscalía ofreció un argumento bien diferente. El más relevante fue que las obras se habían iniciado por orden del mandatario antes de que estuvieran adjudicadas, «sin cobertura legal y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal procedente». De hecho, en el fallo se indica que los trabajos arrancaron entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2015 (mes y medio antes de la celebración de las elecciones municipales), pese a que el contrato fue formalizado el 10 de abril y que el acta de replanteo del arquitecto técnico municipal tiene como fecha el 24 de abril.

Defensa y denunciante

El abogado del alcalde, Ulises Bértolo, apuntó que tanto el regidor como el funcionario «habían sido absueltos de un delito de fraude a la Administración y el juez dejó patente que no hubo las irregularidades de las que se les acusaban». Con respecto a la condena por prevaricación administrativa, Ulises Bértolo señaló que el fallo se hizo «en base a la declaración del denunciante y principal competidor político -José Francisco Santos Regueiro, del PP- de José García Liñares, cuando existen tres testigos y un perito judicial que estimaron justo lo contrario». Y añadió: «Entendemos que el denunciante actuó condicionado por su interés, que no afecta a los otros tres testigos, a los que otorgamos una mayor credibilidad». Ulises Bértolo ya anunció que presentará un recurso de apelación contra este fallo ante la Audiencia Provincial.

El alcalde también hizo una valoración escueta del fallo:

«Houbo moitas das acusacións que quedaron sobresidas na causa, do cal me alegro, e hai outras cousas coas que non estamos conformes e son as que imos recorrer ante a Audiencia Provincial».

Por su parte, el líder del PP de Cerceda, José Francisco Santos Regueiro, y denunciante en su día al presentar toda la documentación en la Fiscalía, dio su versión de este fallo: «No voy a valorar la condena de un empleado municipal, porque no me corresponde. Sí que voy a hacer una valoración de la que atañe al alcalde. Y lo primero que hay que dejar claro es que las dos sentencias son prácticamente idénticas en lo que al delito de prevaricación se refiere, si bien es cierto que, en esta segunda sentencia, se le absuelve de un delito de fraude a la Administración». Y añadió: «Estas dos sentencias lo que confirman además es que en su día no denunciamos por denunciar, sino que lo hicimos porque entendíamos que había una base legal y jurídica para hacerlo y, de hecho, los dos magistrados tienen claro que las obras de las Lagoas Naturalizadas se iniciaron antes de que concluyera el expediente de contratación y de que se recibieran en el Concello de Cerceda las ofertas de las empresas interesadas en hacer la obra».

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