El alcalde de Cerceda dimitirá como diputado tras ser condenado por fraude y prevaricación

CERCEDA

Ana García

García Liñares ha dicho en una rueda de prensa que el juicio fue una «concatenación de errores»

14 ene 2019 . Actualizado a las 20:44 h.

«A sentencia é errónea porque ten múltiples erros», dijo José García Liñares a modo de apertura de la rueda de prensa que ofreció ayer para ofrecer su punto de vista sobre la condena a un año y medio de prisión y 16 de inhabilitación a los que fue condenado por la contratación de unas lagunas en el jardín botánico. Además anunció que hoy mismo presentará su dimisión como diputado, algo que esperaban ya en la Diputación, pero se mantendrá en el Concello. Para justificarse se refirió a los distintos pareceres de «catedráticos» sobre la incompatibilidad de la que habla la ley para el sufragio pasivo para los condenados.

Recurrirá «ata o Constitucional se fai falla», para demostrar que es inocente de las acusaciones de prevaricación y fraude, por pagar una obra que, según el juez, no llegó a realizarse y, según el alcalde, sí se hizo. Para demostrarlo el día después del juicio hizo venir a un notario para que diera fe de la mejora, que todavía se puede ver porque las tres catas practicadas siguen abiertas.

Además habló de indefensión porque el delito de fraude se realizó después, lo que transformó el proceso de administrativo a penal.

En las explicaciones dadas por el regidor quedó de manifiesto la mínima relación que mantiene con el secretario municipal, al que hace responsable de lo ocurrido y explicó que el propio funcionario aceptó en el juicio que todo había sido un error al no valorar adecuadamente la cuantía del protecto.

El gran error del secretario municipal

En la rueda de prensa el alcalde habló sobre las cuestiones que se le han imputado.

Segundo drenaje. En el proyecto, que data del 2010 aparecían hasta tres drenajes. Primero se realizó uno, a 1,60 metros de profundidad, para que la zona de braña no quedara sin agua. El segundo, más superficial tenía como objetivo recoger el agua que caía de una pendiente de 16 metros. La cuestión es que el juez dice que esta segunda obra no existió. García Liñares sostiene que la Guardia Civil realizó un informe contemplándola, pero Vázquez Taín no lo tomó en consideración. Un notario levantó acta tras el juicio. La obra era de 7.000 euros más el IVA y fue contratada directamente. Para el fiscal, el drenaje era innecesario y, para el juez, no hubo obra.

Contrato. Según el alcalde, el secretario tramitó la adjudicación de las lagunas como una obra de menos de 200.000 euros, por procedimiento negociado y no se lo dijo al alcalde. El proyecto era en realidad de 316.000 euros, con lo que precisaba de un concurso que no se hizo. Este es el asunto que motiva la denuncia del concejal del PP, que se encuentra a una empresa realizando trabajos que aún no se han adjudicado. La defensa del alcalde se centra en su desconocimiento y los escritos del secretario, que lo harían responsable de un error. También hay documentación que implica a la interventora.

Informes. El alcalde se defiende esgrimiendo informes de los funcionarios en los que reconocen errores y cambios. «A miña misión non é corrixir aos que se supón que saben», dijo ayer García Liñares. El secretario no está imputado.