En la Policía Judicial de Madrid prevén que estas tareas duren unos dos meses
29 jul 2018 . Actualizado a las 14:50 h.Los agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Madrid, que coordinaron un amplio dispositivo para desmantelar, el pasado 19 de junio, una presunta red que compraba vinos por 19 euros en Valladolid y los vendían por encima de los 1.900 euros la botella, dieron carpetazo a la primera fase de la denominada operación Tag. El resultado definitivo es de ocho personas investigadas, cuatro de ellas detenidas -ya en libertad en calidad de investigadas-. Entre ellas, el dueño del Don Alex de Cerceda, su mujer y el hijo de esta.
Sin embargo, el trabajo continúa para los investigadores, con el inicio de la segunda fase. Los agentes adscritos al caso analizan ahora toda la documentación y los equipos informáticos incautados en los registros realizados en Madrid, Marbella y Cerceda, para conocer de forma más concreta los entresijos de esta «organización criminal», calificación del instituto armado.
Los guardias civiles quieren conocer con exactitud las relaciones comerciales entre los integrantes de la trama y con los clientes presuntamente estafados a través del restaurante cercedense y dos web especializadas en ventas de vino. El hecho de que una gran parte de estas transacciones se realizaran vía Internet dificulta mucho el trabajo de los agentes, que tendrán que tirar mucho del hilo. Una de las páginas investigadas realizaba subastas a nivel internacional. La otra web estaba especializada en la venta de vinos on-line.
Profesionalización del proceso de falsificación
Los investigadores tienen acreditadas (la operación arrancó en octubre pasado) más de 1.500 botellas de vino de diferentes marcas falsificadas, entre ellas Pingus, Flor de Pingus y Vega Sicilia Único. La cifra podría ser más elevada ya que, según la Guardia Civil, la red empezó a operar en el 2014. Así, las primeras actuaciones, supuestamente, por parte de estas 8 personas serían «simples burdas falsificaciones», según dicen en el instituto armado, así como expertos en estos productos. «Al principio cortaban las etiquetas con un cúter, pero, según fueron transcurriendo los meses, iban perfeccionado su técnica», señalaron en la Guardia Civil: «Seguro que, según iban teniendo pedidos, tuvieron que profesionalizar el proceso de falsificación, con equipos informáticos, programas de diseño de etiquetado, planchas metálicas, sellos de lacre, tampones, troqueladoras... Una amplia infraestructura para atender una demanda cada vez más elevada y entendida». En la Guardia Civil insisten en que el beneficio obtenido por estas ocho personas ronda los 1,5 millones.
