Nunca el pago de una factura ha supuesto tanto quebradero de cabeza para un alcalde. El de Cerceda, José García Liñares, busca fórmulas jurídicas para evitar que de la arcas municipales salgan 200.708 euros en dirección a un banco por un abono, que, según un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no se ha ajustado a la legalidad. El alto tribunal autonómico desestimaba el 12 de noviembre el recurso del Ayuntamiento y le daba la razón al Banco Popular Español S.?A., que había denunciado irregularidades en la emisión de una factura por una obra incluida en la reforma de la estación de Meirama que, se convirtió, posteriormente, en el Museo da Minería. Unos trabajos que comenzaron en el 2011 y fueron adjudicados a Construcciones y Obras José Antonio.
El tribunal, que no ve responsabilidad penal en el regidor ni ha sido imputado, considera que el mandatario no actuó de acuerdo al procedimiento.
Todo arrancó en el 2013. El Concello de Cerceda inauguraba el Museo da Minería. El adjudicatario de los trabajos acudió a una oficina del antiguo Pastor (hoy Banco Popular) para cobrar por adelantado el coste de las obras de rehabilitación. La dirección presentó también esta misma factura en una sucursal del Banesto (hoy Banco Santander) para que le adelantase el dinero. Es decir, cobró dos veces por una misma actuación. El problema vino cuando el Banco Popular reclamó el citado endoso al Concello y le dijeron que esa factura ya había sido abonada. La entidad financiera denunció y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña le daba la razón en primera instancia. El Ayuntamiento presentó recurso de alegación, que fue desestimado, además de tener que abonar 700 euros por las costas judiciales.
Llegado a este punto, al alcalde le quedan dos opciones. Denunciar al empresario o a la entidad financiera. García Liñares, de hecho, confirmó recientemente en Radio Voz Bergantiños que las acciones jurídicas van en esta dirección. El regidor nunca negó que hubiera firmado ese endoso pero cree que el Banco Popular también es responsable, por haber pagado una factura sin que se cumpliesen los requisitos que exige la ley para la Administración pública.
El primero, la firma de intervención (según Liñares, no la hay), «unha certificación, que non hai, e unha factura que tampouco hai. E, por último, unha certificación desa factura, pero como non hai certificación de obra, malamente pode haber factura, independentemente de que a obra estea feita». Por su parte, el BNG ya ha solicitado su dimisión inmediata «por teres participado activamente nun acto irregular».