El gobierno intentará pagar estas facturas mediante un reconocimiento extrajudicial en enero
17 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La corporación de Cee se reunió este martes en sesión extraordinaria para abordar dos cuestiones. La primera, una declaración institucional contra la violencia machista, fue aprobada por unanimidad; la segunda, una transferencia de crédito para hacer frente al pago de unas facturas a Sogama, fue rechazada con los votos contrarios de PP e IxCee.
La alcaldesa, Margarita Lamela, explicó que el coste por la gestión de los residuos se ha encarecido y que hay dos facturas, de 31.000 y 21.000 euros, respectivamente, a las que el Concello tiene que hacer frente. Cee, Corcubión, Fisterra y Dumbría envían conjuntamente sus residuos a Sogama. Anteriormente, los camiones se pesaban por separado en las instalaciones de Xeal (antigua Ferroatlántica) y, así, cada ayuntamiento pagaba por el volumen de desperdicios que enviaba. Según la regidora, ahora la compañía ya no presta sus instalaciones, así que Sogama cobra en función de habitantes empadronados en cada municipio. Teniendo en cuenta que zonas como Fisterra o Corcubión ven incrementada su población en verano por la llegada de visitantes, «quen sae perxudicada é Cee, porque é sobre quen repercute ese aumento», dijo, al tiempo que aguardó que la nueva planta de transferencia prevista para 2023 solucione el problema.
El popular Antonio Domínguez señaló que «as alarmas tiñan que ter saltado moito antes», habló de una «mala xestión» por parte del gobierno y supeditó su voto favorable a que se impulsasen diferentes medidas, entre ellas la aprobación inicial del PXOM. La alcaldesa, en este sentido, informó de que se le pidió a la empresa redactora que presentase un primer texto antes de diciembre.
Ramón Vigo, de IxCee, habló de «cosas raras» en la gestión y preguntó por qué el importe de la transferencia es superior a lo que pide Sogama. Marga Lamela, en este sentido, aseguró que hay otros gastos que estarían vinculados a esta bolsa, como los derivados de las bajas médicas de los trabajadores municipales del servicio de limpieza viaria. También habló de una indemnización de 56.138 euros que hubo que pagarle a una trabajadora por un conflicto laboral que se perdió, según dijo Lamela, porque no se designó defensa jurídica en la época jurídica y el Concello se declaró confeso.
El gobierno intentará pagar estas facturas mediante un reconocimiento extrajudicial en enero. De no salir tampoco adelante, señala la alcaldesa «que cada concejal que vote en contra tendrá responsabilidad».