Un convenio del 2002 aboca al Concello de Cee a pagar un aval de 153.000 euros a la Iglesia
CEE
El Arzobispado cambio un terreno en Brens por una recalificación
06 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Hicieron falta dos plenos, uno ordinario y otro extraordinario, para que la corporación de Cee se pusiera de acuerdo, pero ni con la unanimidad alcanzada en la segunda sesión podrá zafarse el Concello de pagar los 153.000 euros del aval que reclama el Arzobispado. Ese dinero forma parte de un convenio suscrito hace 18 años para que la Iglesia cediera un terreno para el polideportivo de Brens a cambio de que se le recalificar el resto de la finca. El acuerdo no llegó a cumplirse en su totalidad. La única salida que encontró el gobierno local y los técnicos fue la revisión de oficio de ese pacto firmado en el 2002.
La oposición se resistió en la primera sesión, pero claudicó en la segunda. Antonio Domínguez (PP) y Ramón Vigo (IxC), que eran el gobierno local en el 2002, votaron en contra al principio, en tanto que BNG y Ciudadanos se abstuvieron por pura desconfianza en la alcaldesa y sus motivaciones. Finalmente, el día 29, todos acabaron estado de acuerdo, aunque ayer ya se arrepentía Antonio Domínguez y Serxio Domínguez declaraba que había votado casi por la fuerza, aceptanto el «chantaxe» de la regidora.
El aval tendrá que pagarse de todas formas, pero el acuerdo podría facilitar su recuperación, aunque todo dependerá de que el convenio sea considerado nulo.
A todo este dinero hay que añadir los 54.000 euros que a ojo de buen cubero le ha costado al Concello mantener ese aval en el banco, a una media de unos 3.000 euros anuales.
A cambio de todo ello, el Concello de Cee ha obtenido el pabellón polideportivo de Brens, construido entre el 2003 y el 2004 con dinero de la Deputación. Antonio Domínguez aseguró que sin el aval hubiera sido imposible conseguir la infraestructura, aunque a la vista de los resultados, el negocio no ha salido redondo precisamente, aunque el portavoz del PP señaló que «o prestixio do Concello val máis que 15.000 euros»
La revisión de oficio propuesta por el gobierno local incluye la indemnización a la Iglesia con 27.601,74 euros en concepto de saldo resultante de la liquidación del convenio, puesto que en el 2002 ya se recalificó la mayor parte del terreno. Lo que reclamaba a mayores la Iglesia eran poco más de mil metros.
El ecónomo y la alcaldesa, en el punto de mira
Dos convenios. El primero se firmó en el 2001 e incluía la cesión de 3.740 metros cuadrados para un polideportivo en Brens y la conversión de la parcela sobrante, de 3.649 metros cuadrados, en solares, lo que ocurrió tras un pleno en diciembre de ese año. Sin embargo, el Arzobispado consideró que no se había cumplido correctamente el acuerdo y reclamó otros 1.076 metros cuadrados de edificabilidad. En junio del 2002 se procedió a firmar otro acuerdo, que significaba cambios en ordenanzas y ocupación de zona verde. Es entonces cuando se incluye el aval de 153.000 euros si no se cumplen las nuevas condiciones.
Personal. Tras 18 años parece difícil de entender que el Arzobispado haya decidido ahora reclamar del aval. La alcaldesa sostiene que ha sido el cambio de ecónomo lo que ha modificado la situación. El nuevo se incorporó hace dos años y ha estado revisando los convenios. Hace ya un año que en la Iglesia le dijeron a la alcaldesa que reclamarían el aval. Ella pidió una prórroga para estudiar el asunto y el nuevo plazo concluye precisamente ahora. La oposición considera que la responsable de la ruptura del acuerdo con la Iglesia podría ser Margarita Lamela. No se acaban de creer que todo cambiara tras 18 años coincidiendo precisamente con su llegada a la alcaldía.
Propuesta. La alcaldesa se reunió el día 29 de septiembre, a petición de la oposición, con el ecónomo del Arzobispado. Propuso un nuevo convenio de contenido posible, pero no hubo acuerdo y la Iglesia recordó que el aval es la garantía de cumplimiento del convenio, que ahora es imposible por la tramitación exigida de segregación, que solo puede hacerse a través de un PXOM, pero incluso si se aprobara uno es casi imposible que incluyera las demandas de la Iglesia, que hoy no sería posible atender.
18 años. Lo más chocante es que en los 18 años que ha durado el convenio no se hubiera planteado nunca la posibilidad de cumplirlo o renegociarlo. Antonio Domínguez asegura que nunca pensó que la Iglesia ejecutaría el aval. «Estaba completamente seguro de que non o faría», dijo ayer. Ahora considera que podría tratarse con la iglesia otras posibilidades, como intercambio de terrenos en otros lugares, pero reconoció que nunca lo había hecho. Tampoco sus sucesores. Además explicó que en el 2007 dejó casi listo un PXOM que incluía el acuerdo, pero no llegó a aprobarse y después la Xunta cambió la normativa.