La nueva ley de contratos amenaza la avalancha de obras preelectorales

Ni el propio sistema ni los funcionarios están aún preparados para que funcione bien


Cee / La Voz

«Ayer [por el viernes] tuvimos junta de gobierno y lo que decían las funcionarias es que esto va a reventar por algún lado», explica la teniente de alcalde de Cee, Pilar Iglesias, en relación con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo y se ha convertido en poco menos que el terror para la Administración municipal. Aunque sus principios pretenden hacer más transparentes los procesos, favorecer la participación de las pymes en la contratación o que se prime la calidad por encima del precio en la adjudicación de las obras; la realidad es que ni los funcionarios han recibido la formación suficiente ni, en muchos casos, los sistemas digitales de los ayuntamientos están preparados para desarrollar los objetivos, que aprobó el Parlamento estatal por amplio consenso aunque después de dos años de retrasos.

«Alí estivemos os tres, a secretaria a interventora e máis eu toda a mañá de brazos cruzados mirando uns para os outros», recuerda el alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo, respecto a la primera licitación digital -ahora todo se hace de manera electrónica- que realizaron hace unas semanas y que era del modelo que se supone más fácil, el simplificado sumario.

Además, toda esta problemática no llega en un momento cualquiera, sino a siete meses de las próximas elecciones municipales, con numerosos planes de obras sin ejecutar e incluso con municipios que disponen de algunos recursos extra, por ejemplo, a través de licencias de eólicos. Quien más quien menos quiere presentar esos trabajos ejecutados ante la ciudadanía y cada vez se antoja más complicado, porque los plazos se alargan, las obras se meten en pleno invierno y los contratistas van a tener que sudar tinta para llevar a cabo todo casi a la vez.

El diputado responsable de Obras en el gobierno provincial y alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño, explica que ya no es que estén pendientes de procedimientos de los ayuntamientos y que incluso tienen por sacar adelante obras del plan de carreteras de la propia Deputación y habrá trabajos que tengan que quedar para la próxima primavera. Los funcionarios tienen que prepararse a marchas forzadas y el propio sistema del Estado le queda mucho para ser óptimo.

Su homólogo muxián, Félix Porto, asegura que llevan meses de retraso en algunos procedimientos y que, al final, se han visto obligados a «tirar para adiante sexa como sexa», porque corren el riesgo de perder actuaciones. De igual modo, el corcubionés Manuel Insua, a quien encima le ha coincidido el cambio con una baja de la secretaria municipal, se queja de que «volvemos ao centralismo outra vez» y lo que es peor, con una obligación de comunicar todo a Madrid mediante unos sistemas tecnológicos que no están preparados y unos funcionarios «con pouca formación» al respecto. Por ejemplo, su línea de Internet tiene auténticos problemas para darle cabida a estos procesos en muchos momentos.

Antelo Pazos se muestra más tajante. «Podemos pechar os concellos. Ser alcalde é un risco e isto supón un deterioro terrible da calidade democrática», afirma el regidor de la capital soneirana, que pone un ejemplo llamativo: «Para comprar algo de xeito esporádico, poñamos por caso 1 euro de lapis, hai que xustificar a necesidade, que existe crédito... Ademais, os contratistas teñen que estar de alta no rexistro de licitadores do Estado». Circunstancias que, a su juicio, no hacen más que limitar a las pequeñas empresas locales en el acceso a contratos públicos.

Utilidad

La burocracia es un gigante que se mueve a la velocidad de las tortugas y las necesidades en los concellos llegan a la velocidad de la luz. La pretendida transparencia que buscan desde Madrid no es más que un obstáculo añadido para que los ayuntamientos resuelvan los problemas de los ciudadanos. La transparencia no puede estar reñida con la utilidad. Otra cosa son las obras preelectorales.

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