La Valedora do Pobo respalda a la plataforma del castillo de Cee que apela a la Xunta

La Voz CARBALLO / LA VOZ

CEE

ANA GARCIA

Otero, por otra parte, le dice al Concello vimiancés que debe atender a Evaristo Blanco

15 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La Plataforma en Defensa do Castelo do Príncipe da Ameixenda, en Cee, ha obtenido el respaldo de la Valedora do Pobo, Milagros Otero, en repetidas ocasiones, respecto a sus reivindicaciones dirigidas a la Xunta de Galicia, particularmente a la Consellería de Cultura. La última vez que Otero se puso en contacto con el colectivo fue el 15 de junio, y entonces les explicaba que, agotadas ya todos los recursos, si en el plazo de cinco días los responsables de la Administración seguían sin contestar serían incluidos en el informe anual «con mención do nome ou nomes das autoridades ou funcionarios que persistan nesta actitude, de considerarse que era posible unha solución positiva».

Ahora bien, de eso han pasado tres meses y desde la plataforma dan por desatendida su petición. Consideran que la Xunta les ignora pese a que la Valedora les de la razón. De ahí que vayan a pedir una cita con la subdirectora xeral de Patrimonio Cultural, que es de quien dependen que se abran al público los bienes BIC.

Otero le dice al Concello vimiancés que debe atender a Evaristo Blanco

En la misma línea, Milagros Otero, le dice al Concello de Vimianzo que debe atender las peticiones de información y escritos presentado por Evaristo Blanco, el dueño de la casa de Bamiro derribada, que ahora está embarcado en una cruzada urbanística, contra lo que considera un rosario de ilegalidades.

El Ayuntamiento le contestó que este vecino presentó 22 escritos, además de denuncias telefónicas e incluso constan informes de la Policía Local al respecto. Asegura que «estase intentando dar curso a esas denuncias», pero señala que los recursos son limitados y no se puede destinar a uno o varios empleados para responder a solicitudes de una sola persona.

La Valedora entiende las explicaciones aunque incide en que eso no puede servir para que no se cumplan las normas y le da al Concello otros tres meses de plazo.