El proyecto está a exposición pública pendiente de informes de la Xunta y el Estado
13 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La instalación de un desguace de barcos en el muelle de Brens, con la ocupación de una parte de la explanada del muelle, enseguida levantó polémica en la localidad, a partir de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado 3 de abril publicó la solicitud de Brokenboats S. L. una empresa domiciliada en Esgos (Ourense) para hacerse con la concepción de ese espacio. Los grupos municipales mostraron distintas posturas, a favor y en contra de su instalación, pero todo quedó ahí y a nivel municipal no hubo más movimientos. De hecho, preguntado al respecto hace unos días, el alcalde, Ramón Vigo, aseguraba que el Concello no recibió notificación alguna al respecto de la evaluación del proyecto.
Desde la compañía interesada, que actualmente trabaja en Vigo con instalaciones alquiladas, tampoco ofrecieron más información sobre la marcha de la iniciativa, con lo que todo parecía dormido en los cajones de la Administración. Sin embargo, no es así, como señala Portos de Galicia a través de una portavoz.
«A tramitación segue adiante. Agora mesmo está en información pública e oficial. É dicir, ten que saír no DOG e teñen que informar respecto do proxecto distintos organismos oficiais: Xunta, ministerios...», explican desde el organismo de la Consellería do Mar que se ocupa de la gestión de los espacios portuarios gallegos.
El plazo habitual para que las Administraciones cumplimenten estos procesos de información es de tres meses, aunque al coincidir agosto de por medio, cuando muchos departamentos reducen su actividad al mínimo, es posible que se produzcan demoras. Sin embargo, lo que está claro es que la iniciativa sigue su tramitación por los cauces legalmente establecidos, con lo que tendrán que ser los diferentes informes, de tipo ambiental y demás, los que determinen la idoneidad o no de su instalación.
Por tanto, posturas políticas y personales aparte en estos momentos el Concello tiene poco que decir al respecto, aunque en fases posteriores -el proceso es largo y complejo- pueda intervenir.
Las posturas iniciales de los grupos políticos están bastante condicionadas por la historia más o menos reciente de Brens y por los proyectos que ya fueron rechazados, especialmente la fábrica de tubos de grandes dimensiones, que la empresa interesada en ella acabó llevándose a Asia.
En principio, solo el gobierno con su alcalde al frente se opone al proyecto -de hecho fue bastante criticado por hacerlo sin siquiera conocer el proyecto en detalle-, mientras que el PSOE también se mostraría contrario, entre otras cosas porque proyectos de características similares ya fueron ampliamente rechazados en la localidad, al entender que no es el tipo de actividad económica que se debería desarrollar en esa zona.
Sin embargo, el principal opositor al desguace en su día, el entonces alcalde, Antonio Domínguez, que incluso llegó a parar con la Policía Local la obra que se estaba iniciando, reconoce que con las condiciones de hoy en día actuaría de otra manera.
El concejal de Ciudadanos, Plácido García, que trabajó en el sector, es su más ferviente defensor dentro de la corporación, porque se muestra seguro de que no hay riesgo ambiental alguno -de lo contrario no lo autorizarían- y puede generar empleo.
PP y BNG se mantienen más expectantes, quieren conocer el proyecto, antes de posicionarse.
El «Cason» se convierte poco a poco en chatarra entre la resignación fisterrana
La respuesta del alcalde de Fisterra, José Marcote, al edil de CG, Xan García, en el último pleno municipal al respecto del desguace del Cason -el buque hundido en Punta do Castelo y cuya memoria sigue muy viva en la localidad- dio a entender que poco o nada se puede hacer ya desde el Concello para parar una extracción de chatarra que cuenta con un rechazo generalizado en la localidad, aunque el asunto vaya más encaminado ya a la resignación que a la protesta.
Marcote explicó que este asunto les pilló ya con todo el pescado vendido, porque no se enteraron antes -tampoco nadie los avisó- y ahora hay una empresa que, supone, tiene las debidas autorizaciones para realizar ese trabajo. En cualquier caso, y después de consultarlo con asesores jurídicos que les dieron pocas esperanzas de poder intervenir, a través de sus representantes en los Parlamentos autonómicos y estatal están tratando de conseguir el expediente, en el que no son parte, para tomar medidas.