El juez confirma que Xan García era voluntario en Neria y obliga al Inem a devolverle 17.000 euros

El entonces secretario de la asociación hacía de guía en O Ézaro y el inspector denunció que eso era un trabajo


cee / la voz

El Juzgado de lo Social Número 4 de A Coruña ha estimado la demanda presentada por el exsecretario de Neria Xan García Pouso contra la resolución de la Inspección de Traballo que le hizo devolver un año de paro, por entender que estaba trabajando para la asociación sin tener contrato para ello. Además, obliga al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, a devolverle cerca de 17.000 euros.

El asunto viene del verano del 2013, cuando Neria ya acusaba los achaques que ahora la tienen al borde de la desaparición y con numerosas deudas encima. Para mantener siquiera algo de la actividad de antaño, un pequeño grupo de fieles decidieron ocuparse del trabajo que antes hacían profesionales contratados. El expresidente Plácido García Insua, ahora concejal de Ciudadanos en Cee, se ocupaba del Centro de Interpretación da Electricidade de O Ézaro, pero el 13 de julio, por motivos personales, le pidió a García, que también se hacía cargo de otras actividades de Neria, que lo relevara. Y justo ese día se presentó en el museo un inspector de Trabajo.

«Dixome: ‘¿Usted es Xan?, ya tenía yo ganas de verlo’», cuenta el exsecretario, que tuvo que presentar los contratos de empleados de Neria desde su fundación, «máis de 100 persoas», e incluso las cuentas de los cinco años anteriores, además de la declaración de Plácido García.

Con todo, el 17 de marzo del año siguiente le fue impuesta una sanción que le obligaba a devolver las prestaciones por desempleo cobradas entre el 12 de junio del 2012 y el día de la inspección. El argumento, tal como alegó el abogado del SEPE y recoge la sentencia era que García estaba allí como «único personal presente» y que «sus funciones se corresponden con las de un informador turístico», porque ya antes, entre el 2005 y el 2009 estuvo contratado como coordinador de las Torres do Allo y los Batáns do Mosquetín, que entonces gestionaba Neria.

Dado que el inspector consideró que estaba desempeñando un trabajo sin el correspondiente contrato con alta en la Seguridad Social y las actas del funcionario gozan de «presunción de certeza» de nada sirvieron las reclamaciones administrativas de García, que tuvo que acudir a los tribunales que ahora le han dado la razón, sin que siquiera el abogado del Estado haya presentado recurso.

El juez, Nicolás Pita, determina que en ningún momento se ha demostrado que el entonces secretario percibiese «retribución alguna» por esta tarea y, por tanto, refrenda lo que García lleva diciendo todos esos años, que actuaba como voluntario.

«Foron os catro peores anos da miña vida e dígoo totalmente en serio. Cheguei a ir ao psiquiatra e a pedirlle cartos a meus irmáns e a algúns amigos que me axudaron ata para poder botarlle gasóleo ao coche», afirma el afectado, que, según dice, pasó por una situación familiar muy complicada: «Vivimos cos 600 euros da pensión da miña muller. Incluso tivo que abrir unha conta aparte porque os cartos que entraban na que estabamos os dous embargábannolos. Dicíannos: ‘usted recurra y si tiene razón ya se los devolverán’».

García también denuncia que se sintió impotente y perseguido, porque trabajó dos meses de camarero y el mismo inspector obligó a su jefe y a cinco testigos a ir a declarar para confirmarlo. «Ademais sufrín un desprestixio mediático e nas redes sociais brutal, porque xa me daban por condenado», concluye.

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