Paralizadas las adopciones en la perrera de Carballo desde hace un mes

La instalación no puede dar salida a los animales porque no cumple los requisitos especificados en la nueva Lei de Benestar

s. g.
Carballo / La Voz

Las adopciones de canes llevan más de un mes paralizadas en la perrera municipal de Carballo, situada junto al punto limpio. La Lei de Benestar Animal autonómica, aprobada en octubre del 2017 en el Parlamento sin ningún voto en contra, incluía una moratoria de 18 meses para que los concellos se adaptasen a la nueva normativa, pero ese plazo terminó el pasado 5 de julio sin ninguna solución en el municipio (ni en muchos otros). «En estos meses no se avanzó nada de nada», afirma Rosa Guerra López, directora de Servigal, la empresa que gestiona la perrera municipal.

Entre los requisitos que recoge la ley se incluye la obligatoriedad de esterilización de todos los animales que se den en adopción. Esta debe ser pagada por el adoptante o por la Administración local de la que depende el refugio.

«Envié un escrito al Concello de Carballo hace más de seis meses para pedir que se tomase alguna medida con respecto a esta nueva ley, pero desde allí dicen que es a la Xunta a quien le corresponde pagar. Desde la Xunta nos dicen que el bienestar animal ya era responsabilidad de los concellos, y nosotros estamos en el medio», explica Rosa Guerra. «No podemos dar animales en adopción porque no pueden adoptarse sin esterilizar, pero tampoco podemos cobrarle la esterilización a los ciudadanos si no hay una tasa que lo regule», añade.

Actualmente, en la canceira de Carballo hay dos perros reservados para ser adoptados, pero este problema impide su salida del refugio. «Llevamos desde el 5 de julio sin poder dar ningún animal en adopción», comenta la responsable. Esta situación no solo provoca que las adopciones estén paralizadas, sino que también lleva a que la empresa no pueda hacerse cargo de más animales. «Todos los días nos llaman para decirnos que hay perros en la calle que deberían ser recogidos, pero no podemos meter otro animal si no sale ninguno adoptado», explica Guerra.

Esta problemática está afectando también a la protectora Amigos de los perros de Carballo. Esta ya esterilizaban a los animales antes de la aprobación de la ley, por lo que la nueva normativa no le afecta directamente. Sin embargo, la ausencia de recogida en la perrera municipal provoca que esta protectora deba hacerse cargo de un número mayor de animales abandonados. «Ahora mismo tenemos 167 perros. Estamos sobrepasados», afirma Araceli Vila, responsable de Amigos de los perros.

Desde el Concello señalan a la Xunta como responsable. «A Fegamp tense dirixido á Consellería para pedir unha solución ante os custes que implica para os concellos esta nova lei, pero aínda non se obtivo resposta», explica el edil de Servizos, Luis Lamas.

Fisterra no consigue solucionar el excedente de llegadas

El problema a causa del exceso de animales abandonados no afecta solo al municipio bergantiñán. En Fisterra, el caso se ve agravado por el amplio número de perros de los que se tienen que hacer cargo a causa de ser meta del Camiño.

Esta situación viene dada porque, en muchos casos, los peregrinos encuentran animales en la ruta, que los acompañan hasta el final del trayecto, y al llegar a Fisterra no saben qué hacer con ellos y los abandonan en la calle. «No noso Concello é un pouco máis grande cuantitativamente que noutros municipios por esta causa», afirma el alcalde de la localidad, José Marcote.

«A Xunta meteunos enriba unhas competencias cun custe elevado. Hai moitos concellos, entre eles o noso, que non os podemos asumir, porque van supoñer unha cantidade de diñeiro moi ampla e iso vai detraer outros servizos que temos que dar», explica.

Por eso, propone que la Xunta cree un mayor número de subvenciones dirigidas a los gastos que conlleva tener a los animales y las instalaciones cuidadas.

Por el momento, la situación en la localidad resulta preocupante. «Entran moitos máis animais dos que saen, polo que hai que buscar solucións para que, mentres no se dan en adopción, poidan manterse nas mellores condicións cuns custes que de verdade sexan asumibles para os concellos», concluye José Marcote.

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