La jornada sobre violencia de género en Carballo pone en evidencia la descoordinación

El foro, celebrado en el Fórum como primera actividad del programa Carballo en Rede, buscó poner en común los puntos de vista de todos los implicados


carballo / la voz

«¿A qué teléfono tenemos que llamar?». La pregunta de la abogada carballesa del turno de oficio y de la agente de la Guardia Civil fue prácticamente idéntica. Ninguna de las dos tenían conocimiento de los programas para maltratadores y víctimas. Fue una sola de las cuestiones de pusieron de manifiesto que la legislación sobre violencia de género tiene agujeros por los que se escapan muchos casos, pero lo que más claro quedó es que los que están en primera línea desconocen los recursos que hay, incluso de forma oficial.

Fátima Alonso, coordinadora de los programas de intervención del Colegio de Psicólogos puso sobre la mesa una serie de recursos, demasiado limitados para atender unas necesidades muchísimo mayores, según los otros ponentes. Pero también destacó la poca importancia que se les da a los menores en la ley actual y la necesidad de prestarles mucha más atención. En cuanto al programa de maltratadores de baja intensidad, que busca que no vayan a más, la media es de medio centenar de hombres, frente a más de 300 mujeres.

Solo en la provincia de A Coruña hay más de 400 terminales de Cruz Roja para víctimas que tienen algún tipo de riesgo y no viven con sus exparejas. Todos esos teléfonos móviles con una aplicación especial para situación de emergencia fueron creados para proteger a las mujeres, pero la propia ponente, Noelia Marta Gantes, reconoció que se centraban ahora en el acompañamiento al ver que no tenía capacidad para salvar. Dijo además que los protocolos dejan fuera a la víctimas de la trata y a las que han sufrido violencia sexual no de sus parejas. De hecho, la directora del Centro de Recuperación Integral de Violencia de Xénero, Chelo Neira, señaló que la legislación gallega recoge como víctimas incluso a las que no tienen relación con sus agresores.

Por la tarde, la jueza de Vigo, Paz Filgueiras, y la médico Rosana Izquierdo, hablaron sobre buenas prácticas en la intervención y el antropólogo David Kaplun se refirió a la masculinidad. La concejala carballesa Maica Ures señaló que la organización del foro se debió a que se habían detectado carencias de coordinación y falta de información. Esta primera jornada multidisciplinar tenía como objetivo ver cuáles son los fallos y cómo se pueden subsanar. Miembros de los cuerpos de seguridad, psicólogos, juristas, sanitarios, trabajadores sociales y otros especialistas se reunieron para intentar poner en común mejores prácticas. La actividad fue organizada por el CIM carballés.

«Realizamos medio millón de evaluaciones de riesgo al año»

Juan José López,  jefe de área de la Secretaría de Estado de Interior, dedica buena parte de su tiempo a formar a los cuerpos de seguridad en materia de violencia de género, porque la mayor responsabilidad recae en este colectivo, que es el que realiza la primera intervención. «Los psicólogos y los demás programas tienen una duración determinada, pero para nosotros la protección de la víctima no se acaba. Pasamos años y años con los casos», explicó en la jornada.

Y cada vez las necesidades son mayores. «Realizados medio millón de evaluaciones de riesgo al año», lo que supone una media diaria de entre 1.200 y 1.300 y el problema es que cada año se incrementa un 10 %. «Actuamos con mucha actitud científica, vemos lo que funciona, lo que sirve y lo que no sirve en las actividades de protección», dice. Reconoce que hay recursos desdoblados y otros casi desconocidos.

«El maltrato en Galicia puede valorarse en 1.650 millones al año»

El Gobierno central encargó un estudio del coste que suponía la violencia de género, teniendo en cuenta los datos del 2016 y los resultados fueron espectaculares. Los contó ayer María Deben, coordinadora de igualdad de la Delegación del Gobierno. Calcula que el coste en Galicia sería de 1.650 millones de euros anuales, lo que supone un coste de sobre 500 euros por ciudadano.

En España, calculan que la violencia que se ejerce sobre las mujeres y los niños supone el 0,8 % del Producto Interior Bruto del Estado Español.

El mayor problema no son tanto los costes tangibles, dijo María Deben, sino aquellos que no se pueden calcular y que van desde la muerte hasta la pérdida de autonomía personal por puro miedo. En muchas ocasiones, explicó, la violencia las incapacita incluso para realizar las actividades diarias normales.

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