La huelga de funcionarios obliga a posponer juicios hasta el verano

Desde el miércoles se han cancelado 22 señalamientos entre Carballo y Corcubión


Carballo / la voz

A la ya complicada situación de saturación existente en los juzgados de Carballo y Corcubión hay que añadir ahora los efectos de la huelga indefinida, iniciada el pasado miércoles por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia de toda Galicia para exigir a la Xunta mejoras salariales y más medios humanos y técnicos. Este paro, secundado de forma mayoritaria por los 36 empleados públicos, repartidos entre los partidos judiciales de Carballo y Corcubión, ha obligado a suspender desde el pasado miércoles 22 señalamientos (18 en Carballo y cuatro en Corcubión) según confirmaron ayer fuentes sindicales. Y eso que las agendas no están muy cargadas estos días debido a que es entroido, fechas en las que algunos trabajadores suelen disfrutar de vacaciones.

En Carballo, la parálisis es total en la oficina de decanato y en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2. La titular del 3 ha llevado la agenda con total normalidad, además de ser el juzgado de guardia desde el pasado día 6, y hasta hoy. En total, 18 señalamientos han quedado aplazados por la falta de personal: 9 en el número 1 y otros tantos en el juzgado número 2. Eso sí, los servicios mínimos se cumplen a la perfección, así como el Registro Civil.

«No atendemos ni registramos escritos que no sean los estrictamente prioritarios. Estamos en huelga», apuntó ayer un empleado. En estas jornadas de paro solo se atienden aquellas causas «prioritarias», entendiendo por tales, vistas o juicios con detenidos implicados, violencia sobre la mujer, procedimientos de familia o por incapacidad. «Todo lo demás no se atiende», apuntó una trabajadora. Esta huelga obliga a modificar y reprogramar las agendas de los jueces, secretarios judiciales y agentes judiciales: «Un juicio no se fija de un día para otro. Requiere de una planificación previa, que, en función de los casos puede tardar unos cinco meses», explicó una funcionaria, quien añadió: «Hay que registrar el procedimiento, citar a las partes implicadas, tanto procuradores, como abogados, además de Fiscalía, testigos y denunciados o acusados. Y, por último, trasladar las notificaciones a los domicilios y eso lleva su tiempo». Sobre plazos, en los juzgados de Carballo apuntan a, como mínimo, el verano: «De los que llevamos suspendidos, en algunos casos, no se celebrarán los juicios hasta septiembre». Y todo ello teniendo en cuenta «que tenemos un funcionario en todo el partido judicial de Carballo para realizar las notificaciones por las casas. Es decir, una sola persona para atender a 70.000 vecinos».

En la Asesoría Cervantes comentaron que desde que arrancó el paro indefinido le fue aplazado un juicio a un cliente por hurto. La vista se tenía que celebrar precisamente el pasado día 7 de y les señalaron fecha para el 23 de mayo.

Los funcionarios han vuelto a reclamar mejoras salariales, pero también unas condiciones de trabajo «dignas» para el desarrollo de su profesión: «Como mínimo, nos hacen falta tres agentes judiciales, uno por juzgado. Hablamos de trabajadores que tienen que asistir a las sesiones, a las videoconferencias y notificar las citas a las partes implicadas. No tenemos un refuerzo de desde que se inauguró el juzgado número 3 y el que se anunció para la sección de Violencia sobre la Mujer, todavía no se sabe cuándo vendrá», argumentó una funcionaria.

«A Xunta mente, non queremos esa suba do 16 % que di, buscamos a equiparación salarial co resto de compañeiros»

Sindo Rama Rey (Cances, 1956) es funcionario de la Administración de Justicia desde 1986. Trabaja en el juzgado decano de Carballo y ayer se mostró muy molesto con la actitud y las informaciones facilitadas por parte del Gobierno autonómico sobre el paro: «A Xunta mente. Non é certo que desexemos unha suba do 16 % que din, buscamos a equiparación salarial, mediante un crecemento lineal, co resto de compañeiros do Estado». Dice que en Galicia «son 2.700 os funcionarios de Xustiza e ese gasto adicional de 600 millóns de euros para mellorar os salarios non é certo. O que fai a Xunta é englobar ese gasto entre todos os funcionarios. ¿Alguén se pode crer que unha suba salarial para 2.700 funcionarios supón un desembolso de 600 millóns de euros?», esgrimió.

 Sindo Rama cargó contra la Xunta, a la que acusó de amortizar 106 plazas en toda Galicia desde el 2013: «En Carballo seguen as mesmas prazas que cando se abriu o xulgado número 3», en enero del 2007. También habló de la «manipulación informativa» que la Xunta ofrece de las cifras de seguimiento: «Inclúen como xente que traballa á que está de servizos mínimos e non é certo. Estou de servizos mínimos, pero se puidese, estaría de folga».

Colisiones

Con el legítimo derecho a la huelga en el sector judicial ocurre lo mismo que cuando la hay en el sanitario, el educativo o el del transporte: el grado de colisión con los derechos básicos del resto de los ciudadanos es mayor que si se tratara de otros colectivos. Como siempre, no queda más que esperar que se respeten los servicios mínimos y que haya un acuerdo entre las partes cuanto antes por el bien de todos. Por la propia distribución territorial de la Administración de Justicia y los asuntos asignados, afecta más en las salas de las ciudades que en las pequeñas salas.

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