La ley es igual para todos, o por lo menos debería ser así. Para políticos, uniformados, jueces, fiscales, empresarios, deportistas, trabajadores mil euristas, desempleados, jubilados... Y si una sentencia obliga a un concello, en este caso al de Carballo, a convocar y adjudicar la plaza de inspector de policía, porque así lo dictamina la ley, pues hay que hacerlo.
Otra cuestión diferente es cómo se ha gestado el cese de Roberto Mosquera como responsable de jefatura, cargo que venía ocupando desde octubre del 2013. Y según transcurren las semanas, cada vez queda más patente que detrás de todo este embrollo hay meras liortas sindicales.
El oficial Mosquera es representante del CSI-F y los que pedían su cabeza, de la CIG. La CIG le ha ganado el pleito al Concello, pero no es menos cierto que este cese le ha generado un problema inesperado, y muy gordo, al alcalde. Sí, a Evencio Ferrero. Y me explico. Roberto Mosquera es oficial (cabo). Ahora mismo ya no es el jefe, sino el alcalde, como responsable máximo de todos los funcionarios municipales. Supongamos que una patrulla detiene a un delincuente. Lo arresta y lo envía al calabozo a la espera de pasar a disposición judicial. Y va el tipo, le da una arroutada y se suicida. ¿Quién es el responsable último? ¿A quién hay que investigar y tomar declaración? ¿A los oficiales? No, ellos son uniformados y cumplen con la ley. No son responsables de jefatura. ¿Los policías? Ellos hacen su trabajo, cumplen con su turno de trabajo y se van para sus casas. ¿A quién le cae el marrón? En teoría, al alcalde, porque ahora mismo es el que lleva la jefatura (aunque no puede, por ejemplo, ordenar a un agente una detención). O, en su defecto, Milagres Lantes, como responsable delegada del área de Seguridad. Es decir, una trifulca entre sindicatos ha derivado en un vacío jurídico y legal de imprevisibles consecuencias. Ya lo dijo Ricardo Vilas en la tertulia de Radio Voz: «Con el cese de Mosquera, el responsable último de todo lo que suceda en la Policía es el alcalde». Y añadió: «Existe un problema jurídico y legal de primer orden. Mosquera es ahora oficial, no jefe, porque esas funciones le fueron retiradas y, por tanto toda esa responsabilidad recae en Evencio».
¿Quién firma los atestados o diligencias policiales si no hay un jefe de Policía propiamente dicho a la espera del nombramiento del inspector? Solo faltaría que Evencio Ferrero tuviera que levantar acta de declaración al delincuente o infractor de turno y a los agentes en el despacho, mientras redacta en su ordenador el informe para remitirlo al juzgado. Y para rizar el rizo, solo faltaría ver el pobre Volkswagen Passat del mandatario trasladando a los ladrones al cuartel de la Guardia Civil con los intermitentes puestos.
Lo más cachondo del asunto es que los 27 agentes de Carballo son unos privilegiados. Sí, unos privilegiados. Y siempre se lo digo cuando los veo. Sus cuadrantes son la envidia. Por lo menos, yo los envidio. Curran seis días y libran otros seis. Eso sí es conciliar vida laboral y familiar. Y a final de mes cobran 1.500 euros (lo que les corresponde por su escala de empleados públicos). Y todavía andan con estos litigios a vueltas. Como me dijo un alcalde un día: «No invierto un euro en más policías, solo dan problemas, destino el dinero a Protección Civil y al servicio de ayuda en el hogar».