La presión policial y judicial da una tregua sin robos y asaltos en la zona
CARBALLO MUNICIPIO
Varios delincuentes están ya en prisión y otros, en busca y captura o con requisitorias
25 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Benjamín López Rojo, Japito, se encuentra en prisión desde hace ya tiempo por múltiples causas. Diego Blanco Martínez, Macuto; Fran Silva iglesias o Eduardo Botana Moreno entraron también en la cárcel. Otros jóvenes tienen procesos abiertos, con órdenes de arresto y personación emitidas por juzgados de toda Galicia, incluso, de otras comunidades. Pedro López Añón tiene, según las fuerzas de seguridad, 11 requisitorias, incluida una de busca y captura. Jacobo Delgado Maceiras, investigado por varias estafas por Internet, acumula 7 requisitorias, Elías Álvarez Fernández, 6. Esteban López González y Ramón López López, una cada uno.
José Antonio Díaz Pereira, El Madrileño, detenido una decena de veces por la Guardia Civil de Carballo en relación a una veintena de hechos delictivos, tiene abiertas varias diligencias penales. Entre ellas, un presunto homicidio imprudente por la muerte en accidente de tráfico del joven carballés de 22 años, Víctor Martínez Espasandín, el 14 de octubre. El Madrileño se enfrenta a una pena de entre 1 y 4 años de prisión, si el juez ratifica el informe remitido por la agrupación de Tráfico de A Coruña.
Esta mayor presión de los equipos del área de investigación y de la Policía Judicial de Carballo y del Equipo Roca de Vimianzo, y de los jueces ha provocado, en gran medida, que los delincuentes más habituales y multirreincidentes hayan optado por meterse en la guarida. De hecho, la última oleada de robos perpetrada en la Costa da Morte data del 17 de julio, cuando tres encapuchados asaltaron negocios de Cabana, Carballo, Anxeriz, Xallas y Culleredo: «Estamos ante una situación anormalmente tranquila», apuntó ayer un guardia civil de Carballo». Y añadió: «No es normal tanta tranquilidad y eso hace que andemos más en alerta». Comentó, por ejemplo, que «Pedrito está fuera de combate desde hace meses. Nadie lo ha visto por Carballo. No sabemos si vive en Carballo. Tenemos sospechas, pero no puedo desvelarlas. Lo que sí sabemos es que tiene una requisitoria de busca y captura y tan pronto sea detenido seguro que va para Teixeiro».
En el instituto armado entienden la alarma social generada por las sucesivas oleadas de robos, pero también piden comprensión «porque los tiempos de investigación y los de la sociedad y la prensa, son diferentes». En todo caso un mando de la Guardia Civil comentó recientemente que «al final, el que la hace la paga». Y argumentó su comentario: «A veces desde los medios se transmite la idea de que un delincuente entra por una puerta del juzgado y sale inmediatamente por la otra. Pero también hay que decir que estas causas se acumulan y llegará un momento en que un juez juzgue al delincuente por todo lo acumulado y vaya a la cárcel».
También la Guardia Civil de Tráfico ha colaborado, y mucho, en el arresto de varios investigados por cuestiones relacionadas contra la seguridad viaria. Los informes de atestados son tenidos muy en cuenta por los instructores a la hora de adoptar sus resoluciones. En el caso de Eduardo Botana Moreno, de 26 años, que fue enviado a Teixeiro por saltarse un control, darse a la fuga, protagonizar una persecución y ser el causante de un accidente en Cances da Vila. Tenía una requisitoria por haber quebrantado un tercer grado penitenciario.
La introducción en las diligencias penales del término «grupo criminal» ha resultado clave
Los tres integrantes de la denominada banda de las tragaperras, desarticulada por la Guardia Civil en enero del 2014, quedaron en libertad, pese a sumar entre los tres un centenar de hechos delictivos a sus espaldas y varias requisitorias. Y todo ello porque no se incluyó en las diligencias penales el concepto de «grupo criminal». El artículo 570 del Código Penal define el grupo criminal como «la unión de más de dos personas que [...] tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas».
Pues bien, en el caso de la delincuencia carballesa este concepto fue incluido por la Policía Nacional de Ourense en su informe contra Pedro López Añón y Elías Álvarez Fernández cuando fueron arrestados en verano del 2016 por varios asaltos a cafeterías del casco urbano ourensá. Un juez de Corcubión también lo aplicó, en octubre del 2016, en los arrestos de Diego Blanco Martínez y Francisco Silva Iglesias.