El Estado debe una ayuda de 450.000 euros al polígono carballés desde 1983

El Consejo de Ministros aprobó una subvención que nunca llegó a pagar


carballo / la voz

Setenta y cinco millones de pesetas era en 1983 muchísimo dinero. También lo son los 450.000 euros en los que se han convertido con el paso del tiempo y el cambio de moneda. Felipe González llevaba solo un año en el poder cuando la asociación de empresarios que promovió el polígono de Carballo consiguió que el Consejo de Ministros aprobara una subvención para ayudar al desarrollo del parque industrial, el primero de iniciativa privada en Galicia. La ayuda era muy grande, pero la inversión era enorme, ya que superaba los 300 millones de pesetas, casi dos millones de euros, por lo que recibir casi una cuarta parte del presupuesto del proyecto suponía un notable alivio para los inversores.

Las obras se realizaron, pero el dinero nunca llegó, aunque la entidad que gestionaba el polígono carballés realizó gestiones durante años. De hecho, cuando Rodrigo Rato se desplazó a Carballo durante la presentación del Plan Galicia nacido del desastre del Prestige, una comisión de empresarios locales le volvieron a recordar el compromiso y le entregaron un informe con toda la documentación. Tampoco hubo manera.

Mejoras

El dinero le vendría muy bien al polígono. En la parte original las inversiones son muy necesarias y hay una fuerte demanda de mejoras por parte de los empresarios, que van desde nuevos accesos hasta un local social adecuado, pasando por más plazas de aparcamiento y, sobre todo, una conexión directa entre las dos fases, la iniciada por los empresarios en 1975 y la de Xestur.

Lo más curioso del caso es que el dinero no llegó nunca a los empresarios carballeses por un pequeño detalle, sobre los requisitos que debía cumplir la entidad que había solicitado la ayuda para poder cobrar el dinero.

Desde el Ministerio de Economía se consideraba que la entidad tenía que haber estado dada de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), pero la asociación sostenía la tesis de que cumplía todos los requisitos legales. El asunto llegó a ser dictaminado por la abogacía del Estado.

En el 2004 se abrió la posibilidad de conseguir el dinero, tras varias gestiones realizadas con responsables del Gobierno central. De hecho, la idea mantenerse en la vía administrativa antes de recurrir a la judicial, pero ninguna de las dos llegó a dar resultado y el dinero se perdió, probablemente sin remedio.

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