Juzgados de toda España reclaman a decenas de ladrones de la zona
CARBALLO MUNICIPIO
Diez de los 19 detenidos en mayo por la Guardia Civil tenían requisitorias pendientes
11 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.De Vigo, Santiago, Ourense, Lugo, A Coruña, Málaga, País Vasco, Cáceres, Murcia, Astorga, Ponferrada, Salamanca, Pozuelo de Alarcón, Madrid, Asturias... Los teléfonos de la Guardia Civil de Carballo echan humo. Son llamadas procedentes de numerosos juzgados de toda España solicitando órdenes de arresto contra jóvenes del área, investigados por hechos delictivos. En su mayoría, relacionados con las estafas por Internet y robos en negocios hosteleros y vehículos.
Las estafas en la Red se han disparado en la Costa da Morte en el último quinquenio. Lo que empezó siendo un delito residual, desde el punto de vista estadístico, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las fuerzas de seguridad, hasta tal punto que, en la actualidad, representan un tercio del total de las diligencias abiertas en un año por el puesto principal de Carballo de la Guardia Civil (800 de 2.400).
Las requisitorias contra delincuentes de la comarca, en su mayoría residentes en Carballo, están a la orden del día. En mayo, el instituto armado detuvo a 19 personas. De ellas, diez fueron por órdenes de arresto, localización e ingreso en prisión decretadas por jueces. Los dos últimos arrestados efectuados por el área de investigación de Carballo fueron los de Jacobo Delgado Maceiras y Alejandro Añón Silva. Sobre el primero, según la Guardia Civil, pesan 16 autos en su contra. Sobre el segundo, uno.
Las requisitorias son diligencias decretadas por un instructor o un magistrado por el que pone en conocimiento de las fuerzas de seguridad la existencia de un procesado por uno o varios hechos delictivos.
Modalidades
Existen tres tipos de requisitorias. La primera es la denominada de averiguación de domicilio y paradero. En este caso, el instructor o instructora solicita a las fuerzas de seguridad que localice a una determinada persona porque está siendo investigada por un hecho delictivo y las notificaciones remitidas al domicilio son devueltas una tras otra.
La segunda modalidad de requisitoria es la de búsqueda, detención y personación en la causa. En este caso el juzgado reclama al investigado para que vaya a declarar por su presunta vinculación en un acto ilícito. Y la tercera es la del ingreso en prisión. Es decir, hay una sentencia firme que obliga al acusado a entrar en la cárcel, pero que hace caso omiso a los sucesivos requerimientos judiciales.
Jóvenes
Entre las fuerzas de seguridad llama poderosamente la atención la gran cantidad de jóvenes vinculados a las estafas por Internet y a la gran cantidad de requisitorias dictadas en su contra.
El 7 de abril agentes de la Policía Local carballesa arrestaron a José Arijón Vicente, un joven de la localidad nacido en 1992 contra el que pesaba una requisitoria de un juzgado de Málaga y al que además buscaban tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil por diferentes delitos telemáticos. Lo relacionan con al menos 12 estafas por Internet en lugares tan dispares como Andalucía o el País Vasco.
El 27 de marzo fue arrestado Esteban López González, de 37 años. Sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión por parte del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña, por robos y hurtos perpetrados por toda la comarca.
El 25 de mayo fue detenida por la Guardia Civil la coruñesa C.?O.??S., nacida en 1990 y residente en Lema-Carballo, por orden de un juzgado de lo Penal de A Coruña.
El 2 de junio fue detenido José Manuel Fernández Rodríguez. Este joven nacido en 1998 y sin antecedentes es investigado por estafas por Internet. Juzgados de León y Cáceres reclamaron su arresto por denuncias de robo de dos motos, valoradas en 1.500 y 900 euros, respectivamente.
La sangría de arrestos no para de aumentar
La cifra de arrestados no para de aumentar desde mediados del 2012, sobre todo desde que las estafas por Internet empezaron a ser relevantes en Carballo. En el último lustro han sido más de cien los arrestados, muchos de ellos reincidentes y que acumulan «más de 20 estafas continuadas en su haber».
Esta reincidencia provoca un efecto no deseado por los agentes del área de investigación de la Guardia Civil: «Cuando son detenidos, los abogados de la defensa tienen acceso a las diligencias practicadas por la Guardia Civil y, por tanto, pueden acceder a nuestras líneas de investigación. Una vez que salen en libertad con cargos o de prisión preventiva, reinciden, pero depurando su técnica». Eso conlleva a que en el instituto armado tengan que «mejorar el espectro visual», estar en constante alerta y readaptar los conocimientos a una nueva realidad «más compleja». Además, existen trabas a la investigación, fijadas en la ley de enjuiciamiento criminal, que solo permite a los investigadores obtener datos concretos de los sospechosos: «La titularidad de un teléfono investigado y el propietario de una cuenta corriente».