El pasado viernes se cumplían dos años desde que agentes de la Policía Judicial, Seprona y de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de Madrid registraron, en compañía de una secretaria judicial, durante diez horas las dependencias del Concello de Coristanco. Lo habían hecho con una orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carballo, cuya entonces titular ordenaba, de forma paralela, las inspecciones en tres empresas de la localidad, y pertenecientes al mismo grupo familiar (Gesmaga, Construcciones y Excavaciones Alejandro Martínez e Hijos y Esmarlanz).
El motivo de estas diligencias estaban en la querella, admitida a trámite, presentada por la dirección de otra compañía coristanquesa, Fidel Miramontes, quien considera que el exalcalde Antonio Pensado Plágaro había dado trato de favor al grupo rival para hacer una planta de compostaje en la parroquia coristanquesa de San Paio. La querella había sido presentada en julio del 2013.
Una vez requisada la documentación del Concello, la jueza que llevaba el caso, junto con el Seprona, investigó a un total de nueve empresas y analizó de forma minuciosa más de 2.000 facturas relacionadas con el Concello de Coristanco. Son documentos fechados entre el 2009 y el 2014. En junio del 2014, la instructora imputó al exrregidor por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y abuso de influencias. En su auto, la jueza vio indicios, tras una investigación de los agentes adscritos al caso, que el Concello había abonado sobreprecios en la compra de gasoil y de un tractor municipal. También investigó si hubo entrega de material de obra, facturado supuestamente por el consistorio, a familiares directos del exmandatario coristanqués. La segunda parte de la investigación (hay dos piezas separadas en el mismo procedimiento) hace referencia al suministro de material de obra por parte de estas nueve empresas investigadas, que mantuvieron una relación comercial con el Concello. Además del exmandatario están encausados gran parte del equipo de gobierno entre el 2009 y el 2014. De hecho, entre julio y septiembre pasaron a declarar por los juzgados de Carballo Juan García, Clarisa Couto, Emilio Fondo, Luis Souto, José Rodríguez, Carlos Reino, Carmen Suárez y Fidel Cotelo. Desde entonces, el proceso judicial entró en stand by. La jueza que llevaba el caso solicitó el traslado de juzgado, que le fue concedido y ahora el procedimiento judicial permanece a la espera de la decisión que adopten la Fiscalía y el nuevo instructor. Mientras, Antonio Pensado Plágaro insiste, una y otra vez, en su inocencia y en la de sus compañeros imputados en esta causa.