Los chalés demolidos en pleno covid-19

Los trabajos comenzaron a mediados de abril y finalizaron esta semana con el derribo de la última casa


Carballo / La Voz

Primero fueron retirados los elementos y enseres que se podían salvar de la piqueta: ventanas, puertas, mobiliario, barandillas, electrodomésticos... Después le llegó el turno a las dos palas retroexcavadoras y a los trabajadores. En tres semanas pusieron fin a un litigio que había arrancado hace diez años contra los propietarios de cuatro viviendas fuera de ordenación, según consta en los dictámenes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), y ratificados por los tribunales.

Las cuatro edificaciones se habían levantado en el año 1986 en el paraje camariñán de Reira, un entorno privilegiado con primeras vistas del faro Vilán. Pero la denuncia de dos personas, en el 2009, puso en jaque estas edificaciones y otro medio centenar más en todo el término municipal. Estas cuatro casas se habían levantado sobre una misma finca, que tenía una catalogación de suelo rústico de especial protección medioambiental y paisajística.

Sus propietarios, vecinos todos ellos de Camariñas, trataron por todos los medios de legalizarlas. Argumentaron todo tipo de cuestiones jurídicas: que habían obtenido licencia municipal para obrar, que las casas, en todo caso, podrían ser legalizadas con la entrada en vigor del plan xeral de Camariñas. También esgrimieron que la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas, en 1988, fue posterior a la finalización de las obras de edificación. De forma paralela señalaron que los inmuebles disponían de todos los servicio públicos básicos para poder vivir... Pero ni con esas.

Los recursos ante las instancias judiciales superiores se sucedían en la misma medida en la que llegaban las notificaciones de orden de derribo y las multas por parte de la APLU, alguna de ellas de 4.000 euros, según reveló recientemente la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua.

Hubo una ventana abierta a la legalización. Los dueños de una casa situada en las inmediaciones lograron evitar la piqueta a última hora porque la Xunta había alegado fuera de plazo. Los afectados entendían que esa circunstancia podría ser de aplicación a este caso, pero el Supremo, en el año 2012, desechó esa posibilidad. El margen de maniobra fue a partir de entonces mínimo y los afectados, finalmente, optaron por pagar a la empresa Construcciones y Excavaciones Germán Mouzo, S.L., de Vilariño, Muxía, 47.000 euros para que las derribase.

Documentación

Año 1986. Se construyen varios inmuebles en el hermoso y protegido espacio medioambiental de Reira, frente a faro Vilán.

Año 1988. Entra en vigor la nueva Ley de Costas, que dificulta la construcción en las proximidades del litoral.

Mediados de 2009. Dos hermanos denuncian la supuesta ilegalidad de varias casas en todo el término municipal de Camariñas. Los expedientes de reposición de la legalidad afectan a medio centenar de inmuebles.

28 de marzo de 2011. La Axencia de Protección da Legalidade urbanística (APLU) dependiente de la Xunta, declaró ilegal la parcelación urbanística y la posterior apertura de ampliación de un vial, en Terreo do Pao por la que se accede a las casas.

14 de junio del 2013. La APLU se ratificó en este dictamen al entender que los inmuebles se levantaron sobre una misma finca, que tiene la catalogación de suelo rústico de especial protección medioambiental y paisajística.

31 de julio del 2014. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña rechazó el recurso de los afectados y ratificó los dos dictámenes de la APLU.

Abril del 2015. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el recurso de apelación presentado por los propietarios, que habían alegado que las construcciones podrían ser legalizadas en el PXOM.

Febrero de 2016. Se procede al primer derribo en Reira. Se trató de una casa ubicada en las proximidades de las cuatro que acaban de ser demolidas.

22 de abril de 2020. Tras diez años de litigios y después de abonar varias multas, los dueños de las cuatro casas iniciaron los trabajos de demolición, que se prolongaron durante tres semanas.

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