Las alcaldías de media Costa da Morte miran tanto al juzgado como al pleno

La vida política en prácticamente la mitad de los concellos de la Costa da Morte está casi tan pendiente de lo que dicen las urnas y los plenos municipales como los distintos juzgados en los que hay causas abiertas y, además, desde hace varios años sin que esas situaciones acaben de aclararse. Para más inri muchas de ellas derivan de denuncias presentadas por rivales políticos con lo que cada vez cuesta más discernir cuanto hay de defensa del interés público frente a las tropelías y cuanto de querer quitarse de en medio a los adversarios por la vía rápida. Incluso hay casos en que los protagonistas son trabajadores municipales, que tampoco queda claro hasta que punto están influidos por los partidos.

Camariñas. La situación más llamativa es la del alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso, porque es el único condenado por prevaricación. Se encuentra pendiente del recurso presentado ante la Audiencia Provincial y con el PP fuera de los plenos, ya que no reconoce su legitimidad, mientras las funcionarias municipales siguen emitiendo informes que advierten de lo que supone para los procesos administrativos que siga interviniendo Alonso en ellos dada su situación. En cualquier caso existe una discusión jurídica de fondo, en la que incluso intervino el exministro Caamaño, sobre la interpretación de la ley y sobre si está obligado a apartarse o no antes de que resuelva la Audiencia. Eso sí, han pasado ya muchos meses, incluso de las reclamaciones presentadas por el PP y los juzgados siguen sin resolver.

Vimianzo. Sin embargo, la palma en darle trabajo a jueces, abogados y procuradores se la llevan en Vimianzo. Es cierto que muchas causas derivadas de la fallida moción de censura ya se han ido resolviendo y casi siempre en favor del actual gobierno, pero todavía quedan flecos relacionados con pleitos de funcionarios y otras cuestiones varias. De hecho, incluso la Audiencia Provincial acaba de ratificar una condena de la etapa anterior, el año y medio de cárcel para el exalcalde Alejandro Rodríguez prevaricación.

Cee. El alcalde contra el que pesan las imputaciones más graves es el ceense Ramón Vigo, que todavía está pendiente del juicio de lo que se llamó operación Orquesta y que se ha venido descafeinando hasta el punto de que ahora ya son casos independientes por concellos. El último movimiento ha supuesto la devolución de parte del sumario a Corcubión, con lo que del juicio previsto para finales de año no hay nada y toca seguir esperando, ya desde enero del 2011. Además, el alcalde y otros ediles todavía tienen que responder por la manera en la que se contrataron las obras de la calle Rosalía de Castro.

Cerceda. En el caso del cercedense José García Liñares, su investigación está relacionada con la adjudicación de la obra del estanque del jardín botánico, valorada en 314.000 euros. La denuncia partió del PP. Para su portavoz, Francisco Santos, el regidor contrató «a dedo» estas actuaciones. Aseguró tener documentos que demostrarían que estos trabajos «estaban moi avanzados xa un mes antes da adxudicación», concretada el 10 de abril de 2015.

Dumbría. Las obras, licencias y otros asuntos municipales son también el objeto central de la guerra establecida entre el PP de Dumbría y el alcalde, José Manuel Pequeño. Una disputa que ya viene de los tiempos del anterior portavoz conservador, Ramiro Iglesias, y que el actual, Manuel Barcia, mantiene en varios frentes, con escaso éxito hasta el momento en sus pretensiones.

Ponteceso. Otro que está metido en líos judiciales desde que llegó a la alcaldía es el pontecesán Lois García Carballido. Tiene un sinfín de frentes abiertos con trabajadores y empresas, pero hasta la fecha los ha solventado todos con victoria: contra la secretaria municipal por denuncia falsa, acoso laboral y prevaricación. Contra la normalizadora lingüística, por prevaricación administrativa y acoso laboral. Y contra siete empleados que lo habían denunciado por coacciones y amenazas. Carballido también logró, de forma provisional, que el Contencioso-Administrativo parase el pago de 450.000 euros a una empresa que reclamaba obras realizadas, y denunciadas por el ejecutivo local, durante la etapa de José Luis Fondo.

Los sucesivos pleitos afectan a empresas de Coristanco

El alcalde en funciones y regidor durante 24 años en Coristanco, Antonio Pensado Plágaro, sigue bajo investigación. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carballo mantiene su imputación por supuesta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. En agosto de este año, el instructor decidió separar las diligencias penales, abiertas en el 2013, en varios bloques.

El primero, un presunto trato de favor a una empresa de la localidad, Grupo Maracaná, en detrimento de otra rival, Fidel Miramontes, cuando ambas presentaron proyectos de construcción de plantas de lodos y compostaje en A Furoca (San Paio) y Costa Redonda (Xaviña), respectivamente. Otra pieza es la contratación de obra pública, supuestamente irregular, entre el 2009 y el 2013. En concreto, treinta obras adjudicadas por importe de 2.368.234 euros a favor de Maracaná. También se instruye dentro de esta causa un depósito de materiales

y residuos en una finca de Traba, que, según un auto, a través de un informe efectuado por el Seprona, Pensado Plágaro daría permiso a Maracaná para que la empresa realizara labores de triturado de material almacenado en esa finca de forma temporal, lo que, a juicio del instructor, se trata de una «resolución patentemente contraria a derecho» que supuso, entre otras, cuestiones, una multa a la empresa de 15.000 euros. El instructor, de forma paralela, decretó en agosto de este año el sobreseimiento de la causa contra ocho ediles del PP, que formaron parte de las junta de gobierno local entre el 2007 y el 2015: Carlos Reino Vecino, María del Carmen Suárez Vila, Clarisa Couto Castro, Luis Souto Gómez, Emilio Fondo Novo, Fidel Cotelo Varela, José Rodríguez Conde y Juan García Velo.

La única noticia positiva para Pensado fue el archivo, en mayo de la causa por acoso laboral, denunciada por la secretaria.

---

---

---